Tras un brusco debate, aprobaron el régimen jurídico para el cementerio

Luciano Andreychuk
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El cementerio de la ciudad, ese lugar tan caro para los santafesinos que este año ha padecido derrumbes, promesas de recuperación y obras demoradas, sigue su derrotero de crisis edilicia. El Litoral ha dado cuenta de ello desde un año antes del derrumbe de la sección 126, en enero pasado.

Pero la necrópolis tiene ahora un régimen jurídico, que surgió de un mensaje enviado por el Ejecutivo. Lo aprobó el Concejo ayer, con la mayoría del interbloque oficialista y con duras críticas de un sector de la oposición. La ordenanza sancionada unifica normas desactualizadas -también las deroga- fijando el Régimen Jurídico del Cementerio Municipal y Poder de Policía Mortuoria.

Este régimen establece la organización y zonificación de la necrópolis; criterios para sepulturas, nichos y panteones; las inhumaciones, exhumaciones y las cremaciones; hasta un “programa de actividades culturales” dentro del cementerio. En el último capítulo se menciona el “plan de obras”.

Puntos principales

Según la nueva normativa, el cementerio pertenece al dominio público municipal. La Municipalidad ejercerá el “poder de policía mortuoria” sobre todas las actividades que se realicen adentro del predio y en sus inmediaciones; en la inspección, replanteo, ampliación y renovación de las unidades de enterramiento; en inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, traslado de cadáveres, etc.

La concesión de nichos se otorgará por dos años, que podrá ser renovada por períodos iguales hasta un máximo de 20 años. Luego de ese tiempo será obligatoria la desocupación de nichos y columbarios.

El canon a abonar por las concesiones será fijado por el Ejecutivo, de acuerdo a la Ordenanza Tributaria Municipal, la cual se “actualiza” anualmente. De hecho, se pidió preferencia de tratamiento para la próxima sesión de esa norma, donde podrían aprobarse aumentos, para la Ordenanza Fiscal y para el Presupuesto 2016.

20, el artículo de la polémica

La ordenanza se aprobó con ocho votos a favor y cinco en contra. Un edil (Tomás Norman) no estaba en el recinto durante la votación. Mariano Cejas (FPCyS/UCR) expuso los argumentos: “Es un marco normativo que tiende a darle una herramienta más al Ejecutivo, junto con el plan de obras de recuperación del cementerio”.

Salió al cruce Ignacio Martínez Kerz (PJ/Santa Fe es una sola). Pidió que se incorpore un dictamen jurídico del constitucionalista Domingo Rondina, y que versa sobre el artículo 20 del régimen, punto que dice: “(...) El Ejecutivo podrá realizar convocatorias públicas para conceder espacios dentro del área de servicios para la construcción y funcionamiento de hornos crematorios”.

Respaldándose en el dictamen pidió una moción de orden para que el mensaje vuelva a comisión y “se profundice el análisis de la ordenanza”, dijo. No lo logró. Ariel Rodríguez (FPCyS/UCR) minimizó la opinión de Rondina.

Luego el justicialista puso el eje en el “abandono” y en “una falta de intervención del Ejecutivo, que es alarmante”. “Decir que la falta de presupuesto es la razón del estado actual del cementerio es un argumento insostenible. La estimación de recursos originados en Derechos de Cementerio según los presupuestos sancionados desde 2012 han ido en gradual incremento, con un 45 % para el año fiscal vigente”, dijo con números propios.

Aclaró que no estaba en desacuerdo con que haya un régimen jurídico para el cementerio, “pero una vez más, el Ejecutivo empieza al revés: durante los últimos 4 años (el intendente José) Corral no tuvo la voluntad política de ejecutar las obras necesarias con el fin de solucionar el problema del cementerio”, espetó.

Fernando Fleitas (Santa Fe mi país) hizo un racconto de todas las resoluciones pedidas: “Nada se hizo y un año después colapsaron las estructuras” de la sección 126.

Silvina Frana (PJ) agregó que en el nuevo régimen “no hay resguardo jurídico para quienes compraron nichos a perpetuidad”, entre otros cuestionamientos.

El termómetro subía. Martínez Kerz volvió sobre lo que él consideró una “privatización” del crematorio: “¿Por qué esa desesperación para concesionarlo? ¿A quién se lo quieren dar?”, disparó. Adriana Molina (FPCyS/UCR) le respondió: “Se le quiere poner un manto de sospechas a esta supuesta privatización de que habla el edil, y no me parece que sea razonable, es inaudito”.

Ya subiendo el tono de voz, el también radical Ariel Rodríguez se puso los guantes: “No voy a tolerar las sospechas. Este proyecto lleva dos meses en el Concejo, y nos cuestionan la buena fe. Me parece de mal gusto y bien valdría una rectificación”.

“Bajemos un cambio, vayamos al tema”, pidió Leonardo Simoniello, el presidente del cuerpo. Y se aprobó la ordenanza. Los ánimos estaban caldeados, las chicanas y las palabras habían sido ásperas. En la necrópolis local, los muertos siguen sin descansar en paz.