Buscan revertir en la Justicia la embestida contra Fibertel

La resistencia a la ofensiva del gobierno contra Fibertel se canalizó en las últimas horas por distintas vías: mientras la oposición anunció la presentación de un proyecto de ley para derogar la caducidad de la licencia y analiza una posible interpelación a Julio de Vido, comenzaron las presentaciones judiciales por parte de la propia empresa y los usuarios, que podrían estar acompañadas desde las agrupaciones de defensa del consumidor.

En su respuesta a la embestida del gobierno, la empresa Cablevisión -operadora del servicio de Internet a través de Fibertel- comunicó de inmediato sus intenciones de llevar el tema ante la Justicia. Pero además, en la jornada de ayer un cliente de la empresa presentó un recurso de amparo, por entender que la decisión del gobierno “afecta una serie de derechos, en especial el de libertad de elección”.

Así lo informó Luciano Lorenzetti, abogado patrocinante de Jorge Argentino Patricios, un cliente de Fibertel que como damnificado decidió recurrir la Resolución 100 de la secretaría de Comunicaciones.

Amparo

La demanda quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo de la jueza Marta G. Cirulli. Patricios presentó el amparo contra el Estado nacional y a la vez contra la empresa Cablevisión y fundamentó sus derechos “en la Ley de Defensa del Consumidor”, dijo el letrado.

Lorenzetti explicó que la presentación también se formuló contra la empresa en razón de ignorarse por el momento si Cablevisión acatará o no la resolución gubernamental, que dispuso la caducidad de la licencia.
La Secretaría de Comunicaciones dispuso otorgar a los clientes de Fibertel un plazo de 90 días desde la notificación de la Resolución 100 para que migren de proveedor; aunque la respuesta de la empresa fue aconsejar que no lo hagan, ya que combatirá judicialmente la medida y continuará prestando el servicio de manera regular. “No tenemos nada que ver con las partes, interpusimos la demanda como terceros, ya que se afecta la libertad de elección de mi cliente”, añadió por su parte el abogado Lorenzetti.

Al respecto, la Unión de Consumidores Argentinos recomendó a los usuarios que no tomen “decisiones apresuradas” en cuanto a que el servicio de la compañía “en ningún momento ha sido objeto de discusión”.

Juego de pinzas

Ayer, en conferencia de prensa, el grupo conformado por los principales referentes de los bloques de la UCR, PRO, Coalición Cívica, GEN y Peronismo Federal informó que la semana próxima impulsará nuevas medidas que pueden incluir pedidos para que concurra el ministro De Vido a informar al Congreso.

En este contexto, el jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, sostuvo que “quitarle la licencia a una empresa con un millón de clientes” y darles un plazo de 90 días para que busquen otro prestador implica “un cálculo” del gobierno, porque es el tiempo que demoraría una decisión judicial que, no dudó, beneficiará al licenciatario.

Pero para cuando el prestador se vuelva a hacer cargo del servicio, Pinedo estimó que podría encontrar la empresa “vaciada por el señor Moreno, por el señor De Vido, vaciada por el señor (Néstor) Kirchner, que se habrán llevado los clientes a otras empresa que sean amigas suyas”, en relación con las telefónicas, beneficiarias de la inducida migración de clientes en casi todo el país.

A su vez, la titular del bloque GEN, Margarita Stolbizer, dijo que lo que le preocupa al grupo opositor es “la mirada del ciudadano común” ante “el abuso en el manejo del aparato estatal para acompañar los designios fundamentales de Néstor Kirchner en su avanzada contra una empresa particular y defendiendo sus propios intereses económicos también”.

El planteo de la oposición al anunciar el proyecto de ley, la posible interpelación a De Vido e incluso una presentación ante la OEA, busca anticiparse a la resolución judicial del conflicto. Sin embargo, muchos consideran que esta última será la vía más expeditiva, ante las trabas que el oficialismo está en condiciones de interponer en el camino parlamentario.

Precisamente, al tener la conducción de la Cámara Baja, el kirchernismo puede mandar el tema a una gran cantidad de comisiones -incluyendo alguna de las que presiden sus aliados, como la de Comunicaciones-, para dilatar de manera indefinida el tratamiento. Y después, todavía resta el incierto escenario del Senado, donde las mayorías fluctúan.


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