Una comisión bicameral del Congreso firmó una resolución que pone nuevas condiciones a la prisión preventiva en todo el país, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y podrían beneficiarse ex funcionarios detenidos en esa condición.
El nuevo Código se implementa de manera progresiva y hasta ahora solo rige plenamente en Salta y Jujuy, pero los límites que ese sistema establece para la prisión preventiva empezarán a implementarse en todas las jurisdicciones, incluidas aquellas donde todavía no funciona el Código.
Según el nuevo Código Procesal, la prisión preventiva debe aplicarse cuando no fueren suficientes para asegurar el proceso otras medidas coercitivas más leves (por ejemplo, la vigilancia electrónica con tobillera) y fija además pautas concretas para determinar cuándo existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, requisitos centrales para la detención sin condena.
La resolución que dispuso que estas condiciones empiecen a regir en todo el país fue firmada por diputados y senadores del PJ, el Frente para la Victoria, el PRO y la UCR, sin disidencia alguna, durante la reunión que tuvo el último miércoles la comisión encargada de monitorear la aplicación del nuevo Código, presidida por el senador justicialista Rodolfo Urtubey.
La reunión se dio en momentos en que todas las miradas estaban puestas en la Asamblea Legislativa y el debate sobre Bolivia que se dio paralelamente en el Senado y en la Cámara de Diputados, y se dio a conocer oficialmente recién este jueves.
Durante el encuentro, Urtubey explicó que "la implementación en Salta y Jujuy ha provocado una situación de desigualdad entre los justiciables de esas provincias, que tienen derecho a unas garantías que contiene el nuevo Código, en relación a los justiciables del resto de la Argentina".
"Algunas normas de este Código, vinculadas con garantías, entendemos que podemos disponer que rijan para todo el país y no solo para Salta y Jujuy, hasta que las demás jurisdicciones implementen el nuevo sistema", añadió el senador.
En este sentido, explicó que esas normas que empezarán a aplicarse "son las vinculadas con métodos alternativos de solución de conflicto" y precisó: "El nuevo sistema establece una graduación de medidas de coerción personal, donde la preventiva es la última ratio de esa graduación".
También recordó que de acuerdo al nuevo sistema "el juez debe fundamentar por qué elige la más grave de todas las medidas de coerción" cuando dicte la prisión preventiva, dado que "el Código establece pautas objetivas para determinar cuándo hay peligro de fuga y de entorpecimiento".
La resolución, que será publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del tercer día hábil posterior de la fecha de su publicación, establece la implementación en todo el país de los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal.
Esta medida puede beneficiar a ex funcionarios y empresarios que actualmente están detenidos con prisión preventiva, un mecanismo que el presidente electo, Alberto Fernández, cuestionó varias veces, al igual que lo hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ahora ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Pichetto.
En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal
El Congreso dispuso que comiencen a regir límites a la prisión preventiva
Con información de NA
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