Consejo de la Magistratura: el debate sigue en los tribunales

DyN

El senador radical Gerardo Morales ratificó hoy que su partido irá a la Justicia para intentar frenar la reforma del Consejo de la Magistratura que el oficialismo consiguió aprobar en las últimas horas, por considerar que la ley es “inconstitucional”.

“Nos vamos a presentar como partido; ya tenemos prácticamente listo el escrito y sólo hay que esperar la promulgación de la ley por parte de la presidenta (Cristina Fernández)”, confirmó el legislador, quien afirmó que el pedido incluirá una medida cautelar para que el 11 de agosto no se elijan los consejeros, integrantes de ese cuerpo, como lo prevé la norma.

En declaraciones a Radio La Red, ante una pregunta, Morales puntualizó que en la UCR todavía no se plantean la posibilidad de conversar con otras fuerzas políticas para presentar una lista de consejeros unificada, al señalar que confían que la Justicia dará lugar a la cautelar.

“No nos planteamos esa hipótesis o ese escenario todavía porque creemos en la inconstitucionalidad de la ley y tampoco queremos, ni siquiera, hacer contacto con ninguna fuerza política para (no) debilitar la fortaleza que tienen nuestros argumentos en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad”, explicó.

El senador se manifestó convencido de que a la solicitud judicial de la UCR contra la reforma del Consejo de la Magistratura se van a sumar “presentaciones en todo el país” por parte de numerosas asociaciones de abogados y entidades vinculadas a la Justicia “impugnando la ley, por su inconstitucionalidad”.

“Nosotros vamos a pedir una medida inmediata para que no se aplique la ley, para que no se lleve a cabo la elección de consejeros hasta tanto no se analice la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley”, remarcó.

Anoche, con la ayuda de sus aliados, el kirchnerismo logró convertir en ley por un ajustado margen la reforma del Consejo de la Magistratura que establece cambios significativos en la composición del organismo y la forma de elección y remoción de los jueces.

El oficialismo obtuvo 38 respaldos -uno más de los 37 que exigía la reglamentación constitucional para una reforma del sistema electoral- contra 30 de la oposición, integrada por el radicalismo, el peronismo federal, el Frente Amplio Progresista (FAP) y algunas representaciones provinciales.

El 17 de abril último, la Cámara Alta había sancionado la primera norma por 39 sufragios contra 31; los cambios fueron, la ausencias del neuquino Horacio Lores en el oficialismo y de María Eugenia Estenssoro en la oposición.

Polémica en el recinto

La sesión se inició al mediodía con el debate de los pliegos de 21 conjueces para la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (ver aparte) y la votación de la Magistratura se produjo poco después de las 20, tras la exposición de 21 oradores, la mayoría de ellos integrantes de la oposición.

El punto más polémico de los cambios introducidos por el oficialismo de Diputados, que centralizó gran parte de las críticas de la oposición, fue la modificación de un artículo que establece que sólo podrán presentar candidatos a consejeros en una misma boleta los frentes electorales o partidos que tengan la misma denominación en al menos 18 provincias.

El oficialismo presentó la propuesta como una defensa de los grandes partidos políticos y en contra de la fragmentación, mientras los sectores anti-K consideraron que se trata de una ventaja importante que tendrá el Frente para la Victoria, que será la única agrupación que podrá disponer de una boleta a su nombre en todos los distritos.

El kirchnerista Aníbal Fernández calificó de “vergonzosa e intolerable intromisión en la política argentina” a las críticas que realizó la relatora Gabriela Knaul de la Naciones Unidas. Afirmó que la funcionaria incurrió en “una de las peores prácticas de un funcionario de las Naciones Unidas y fue contraria al código de conducta” de los organismos internacionales.