Los corredores inmobiliarios insisten con la creación de un colegio propio

Representantes de las cinco cámaras que agrupan a los corredores inmobiliarios de la provincia de Santa Fe volvieron a reclamar esta mañana, en la Bolsa de Comercio local, la urgente sanción de una ley que cree el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, tal como vienen insistiendo desde hace casi una década.

La historia -según relató Ricardo Veglia, ex titular de Cisfe (Cámara Inmobiliaria de Santa Fe)- comenzó a fines de 1999 con la sanción de la Ley Nacional 25.028 que cambió a partir del año siguiente el estatus jurídico de los martilleros y de los corredores en general.

En línea con esta decisión, las provincias fueron adecuando la legislación de cada uno de sus distritos a la nacional. Santa Fe es el único distrito grande y uno de los pocos que aún no se adhirió.

En el año 2003 -continuó Veglia- “empezaron a presentarse proyectos de ley en la Legislatura de la provincia; nosotros proponiendo la creación del Registro Único de Corredores Inmobiliarios y los martilleros otro distinto, que contenga en uno solo a los martilleros y corredores”.

“Al no haber acuerdo, fueron perdiendo estado parlamentario, hasta que el 15 de noviembre de 2004 se alcanzó un acuerdo entre el Consejo Consultivo del Colegio de Martilleros y las cinco cámaras inmobiliarias de la provincia, donde se reconocen derechos mutuos: los corredores inmobiliarios a colaborar para que se modifique la ley local que regula la actividad del rematador como auxiliar de la Justicia y los martilleros a colaborar en la creación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia. Pero ese acuerdo no se cumplió y el año pasado un martillero, que firmó ese acuerdo, presentó una denuncia penal”, añadió.

Luego de recordar que el gobernador tiene un dictamen donde se le aconseja de la necesidad y urgencia de contar con una norma local que regule la actividad, explicó que hay dos proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia: el del Colegio de Martilleros y el de Corredores Inmobiliarios.

Respaldo

Por su parte Javier Grandinetti, presidente de la Cámara Empresaria Inmobiliaria de Rosario (Ceir), consideró “oportuna e imprescindible” la sanción de una ley que ajuste a derecho a los corredores públicos inmobiliarios. “Desconocer o minimizar el impacto que hoy tiene sobre el patrimonio de la comunidad en general la actividad de los corredores inmobiliarios es un gravísimo error; es retirarnos de la realidad. El desarrollo que ha tenido el mercado inmobiliario obliga a la comunidad y a los legisladores a regular esa actividad para evitar perjuicios a la comunidad. Para terminar con esta incertidumbre es que hay que sancionar una ley como lo han hecho todas las provincias y lo dicen todos los constitucionalistas de prestigio de la provincia”, subrayó.

En tanto, Enrique Badaloni, titular de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), dijo traer “la solidaridad y el estupor de más de 450 inmobiliarias rosarinas ante las acciones legales iniciadas contra los colegas santafesinos. Creemos que esta situación lleva a confusión y a un malestar social innecesario.

Confiamos en que la Justicia va a saber valorar lo que pasa y la solución va a ser acorde con el derecho, respetando el trabajo honesto de los colegas”, concluyó.