La Corte Suprema en foco: ampliación y fallo en espera sobre Cristina
Mientras el Senado avanza con la discusión sobre la integración del Tribunal, que el gobierno quiere dejar para después de octubre, la expectativa se cifra en la causa Vialidad y su impacto sobre el escenario electoral. Qué puede decidir la Corte.
Pese a los intentos del Gobierno por cubrir vacantes y el debate por la ampliación, serán tres los jueces que definan la suerte de Cristina Fernández, siempre que estén todos de acuerdo. Foto: Archivo / Marcelo Manera.
El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá el próximo miércoles a las 11 para proseguir el debate de los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la paridad de género en el tribunal.
Pero la trascendencia institucional del debate, sometido a los tiempos a que los reglamentos parlamentarios y (sobre todo) la política le imponga, no será el foco principal que apunte a la Corte en la semana que se inicia.
Como destacaron en los últimos días todos los espacios periodísticos, aunque con distintos enfoques y niveles de intensidad, la cuestión que mantiene en vilo a todo el espectro político, y a buena parte de la población, es que la Corte tiene en "revisión" el expediente de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Y ya está en condiciones de ratificar o no la condena a seis años de prisión en su contra, por corrupción en la obra pública.
Todo esto mientras la ex mandataria se encuentra en plena campaña proselitista para ser candidata a legisladora bonaerense. Y aquí la cuestión temporal es determinante: si un eventual fallo condenatorio se produce luego de que se oficialice la candidatura, el 19 de julio, ella contará con fueros para evitar ser arrestada. En cambio, si el pronunciamiento es anterior a esa fecha, no sólo dejará habilitada la posibilidad de prisión (por descontado, domiciliaria), sino que impedirá la candidatura. Y modificará sustancialmente todo el escenario electoral.
Género y número
La convocatoria en el Senado fue motorizada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (Córdoba), a un encuentro que será el segundo sobre el tema, y muestra que el Gobierno ya no controla la agenda de la Cámara alta.
El plenario de comisiones del Senado se reunirá el miércoles para proseguir el debate de los proyectos que proponen la ampliación de la Corte. Foto: HCSN.
En el primer encuentro, el oficialismo había dejado poca claridad sobre su postura respecto a la ampliación de la Corte y su composición, con equidad de género. Por su parte, el kirchnerismo reflotó la embestida que llevó a cabo durante el gobierno de Alberto Fernández con el intento de juicio político a los actuales miembros: Horacio Rossatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El senador Juan Carlos Romero, que impulsa un texto para elevar el número de integrantes de cinco a siete miembros, argumentó que "el proyecto no es jurídico", sino que "es un proyecto político". El kirchnerismo, en tanto, reprodujo un proyecto de autoría de la senadora Silvia Sapag para elevar el número a 15 integrantes. No obstante, Mayans dejó entrever la predisposición de su espacio para discutir "en un marco institucional" el número de jueces de la Corte.
La causa Vialidad
Por su parte, el máximo tribunal rechazó el miércoles de la semana pasada la recusación presentada por la defensa de Fernández de Kirchner contra el ministro Lorenzetti en la causa Vialidad. En esa recusación, la defensa de la ex mandataria alegaba falta de imparcialidad por parte del magistrado sobre la base de declaraciones públicas y antecedentes de Lorenzetti con relación a fallos judiciales previos. No obstante, la Corte consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carecía de fundamentos jurídicos suficientes.
Tras este rechazo, el tribunal presidido por Horacio Rosatti está en condiciones de emitir un fallo decisivo sobre la causa Vialidad, que podría confirmar de forma definitiva la sentencia de Fernández de Kirchner, rechazarla o dilatar un poco más los plazos.
Además de la pena de prisión, la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 –ratificada posteriormente por la Cámara de Casación Penal– incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según el ex ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, jubilado a instancias del actual gobierno en diciembre del año pasado al cumplir 75 años, no corresponde forzar interpretaciones sobre el proceder del alto Tribunal. "Desde la Corte Suprema priman los tiempos para el tratamiento de la cuestión solamente. La Corte se va a expedir de acuerdo a los propios tiempos, no a los tiempos políticos", indicó y analizó que la ex presidenta "adelantó su candidatura" y se anticipó así "a cualquier cosa que pueda expresar la Justicia".
Asimismo, negó que este expediente y sus resoluciones hayan sido diseñados para intentar dejar fuera de competencia electoral a la dirigente opositora al gobierno de Javier Milei. "No me cabe ninguna duda de que se va a hablar de proscripción, cuando esto no tiene nada que ver con una proscripción política. Es una causa que tiene muchos años, pero cualquier político en la misma situación haría lo mismo [que la ex presidenta]", comentó.
Escenarios
Hay una serie de pasos que ya se cumplieron: el fallo de Cámara entró por la mesa de entrada del máximo tribunal, pasó por la secretaría, se les informó a los magistrados y se remitió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que ya mandó su propuesta (sostener la doble condena).
Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entonces, según Maqueda, ahora la Corte Suprema de Justicia está ante tres supuestos:
"Uno sería que, si la Corte coincide con el procurador, obviamente la causa tiene que volver a la instancia anterior. Porque el procurador pidió 12 años de prisión y la condena está a seis años para Cristina Kirchner", planteó, en declaraciones formuladas en Radio Mitre. "En este caso, la Corte lo baja a la Cámara de Casación y le dice: 'Resuelva lo de la asociación ilícita de acuerdo a lo que le está diciendo el procurador'", detalló.
"Si esto es una causa que la Corte llama 'de hecho-prueba' y de derecho común, estaría en condiciones de fallar [ya]", detalló como segunda opción y añadió: "Esta es una resolución rápida porque se apela al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que es confirmar la sentencia".
"Si es una causa constitucional o, en el lenguaje técnico, una causa federal, eso lleva más tiempo", refirió Maqueda, quien explicó que en esta situación el expediente requeriría un estudio "mucho más profundo".
En tanto, Maqueda destacó un punto crucial: que los tres jueces de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- deben estar de acuerdo en la misma definición para que sea efectiva. "Si no están los tres votos, tendrían que llamar a conjueces", advirtió, para destacar que en esta causa se necesita "unanimidad" de los miembros titulares del máximo tribunal, que tiene dos vacantes en su conformación.
Qué puede hacer la Corte
Pasando en limpio el arco de decisiones posibles en que se mueve la Corte, podrían sintetizarse de la siguiente manera:
- Rechazar las quejas por cuestiones formales, por la falta de fundamentación adecuada, entre otros aspectos. En este caso las condenas quedarían confirmadas de inmediato.
- Solicitar la causa principal y remitir todas las quejas a la Procuración General de la Nación a fin que dictamine y posteriormente resolver.
- Hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.
- Hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y revocar la sentencia, ordenando el dictado de una nueva.
- Hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y, aplicando el art. 16 de la ley 48, por ejemplo, absolver a Cristina o condenarla ampliando la calificación, como pidió el Procurador.
En esa decisión, que oscila entre el fondo del asunto y cuestiones estrictamente procesales, se cifra el futuro personal de la ex presidenta de la Nación y, con él, todo el escenario político electoral de los próximos años del país.
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