Crous desaconseja que las provincias tengan competencia sobre drogas

Crous rescató los cambios de prácticas en las fuerzas federales para investigar el comercio de drogas, aclarando que es un comercio ilegal. Foto: Mauricio Garín

Mario Cáffaro

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Félix Crous es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y pasó por la Legislatura para advertir sobre las dificultades que presentan las investigaciones abordadas con el enfoque local de persecución que propone la ley 26.052 que -según explicó- redunda en el incremento de pesquisas sobre los eslabones más bajos y no permite avanzar sobre organizaciones que por lo general trascienden las fronteras provinciales e internacionales.

La ley 26.052 fue dictada en agosto de 2005 y habilita a las provincias a adherir por ley en los casos en que quieran asumir la competencia en delitos de narcomenudeo. En Santa Fe, hubo una media sanción del Senado a dicha decisión, postura no compartida por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Judicial. El tema ahora está a manos de la Cámara de Diputados donde incluso hay proyectos propios como el motorizado por el kirchnerista Darío Mascioli. Otros kirchneristas y la mayoría de los diputados oficialistas, incluso la radical Griselda Tessio (fue fiscal del fuero federal) no comparten esa posición. Crous vino a Santa Fe a exponer las razones contrarias a la desfederalización invitado por la comisión de Derechos y Garantías de Diputados que preside Eduardo Toniolli (Movimiento Evita). La reunión empezó con periodistas y asesores y en determinado momento, se desalojó la sala y el funcionario quedó a solas con los legisladores.

“A partir del estudio realizado sobre lo actuado en la provincia de Buenos Aires, creemos que es una herramienta que no ha dado los resultados que pretendía obtener de acuerdo con la propia exposición de motivos de la ley. Me parece que no es bueno seguir un camino que ya no funcionó en la provincia de Buenos Aires que concentra casi la mitad de los casos por drogas de la Argentina. Por otro lado, conceptualmente, aún sin estos resultados hay una cantidad de elementos que desaconsejan desmembrar la conducción unificada en la Justicia Federal de las investigaciones”, explicó como fundamento central. En cuanto a Córdoba, todavía es prematura hacer una evaluación porque lleva poco tiempo aunque advirtió que la primera impresión “es que ha aumentado la prisión de personas vulnerables”.

Cuestión policial, no judicial

Los senadores que impulsaron la adhesión marcaron como elemento central la escasez de juzgados federales y la lejanía de muchos puntos en la provincia. Crous les recordó que “la epidermis del sistema penal no son los jueces, sino que son las fuerzas de seguridad que son las que detectan lo que sucede en el territorio. Otro asunto son las cualidades de la policía de cualquier provincia. La responsabilidad primaria en la seguridad y en la intervención para hacer cesar los delitos en ésta y todas las provincias es legalmente de las fuerzas policiales locales. Lo dice la ley y por las dimensiones que tiene nuestro país es imposible que las fuerzas federales tengan un despliegue en la totalidad de la República, al menos que sea un Estado policial. Las fuerzas federales tienen misiones específicas, más flexibles en la actualidad pero específicas. Que haya dos o diez jueces federales no cambia para nada el escenario si las policías no están en condiciones de detener, de intervenir en los hechos, de hacer investigaciones eficaces ni mucho menos si se asocian con el delito”.

El otro dato resaltado por el titular de la Procunar es que se está en condiciones desde la Justicia Federal de hacer frente al narcotráfico y no desmembrar las investigaciones es una de las bases de su apreciación. “La investigación en narcocriminalidad tiene dos fases. La de delitos más masivos son más sencillos en términos técnicos jurídicos y la criminalidad compleja es compleja en cualquiera de sus fases. Cuando hablo de criminalidad compleja en materia de drogas estamos lejos de la droga, estamos cerca de la ingeniería financiera, societaria. Hay recursos y muy calificados para trabajar, muy distinto es qué tan calificadas son las prácticas y las decisiones como el Poder Judicial encara esto. Tenemos muchos déficits, tenemos una inercia de malas prácticas y de subutilización de herramientas que el Estado tiene no sólo en el Poder Judicial sino en sus auxiliares, UIF, Afip; en profesionales calificados que tenemos aún en las fuerzas policiales a los que los jueces federales no recurren porque no ponen la mirada en ese aspecto del fenómeno”.

Crous aclaró que el narcotráfico es un comercio como cualquier otro, pero prohibido por ley entonces “participa de todas las características de cualquier otro comercio transnacional. Si uno focaliza en la mercadería y no en todo el proceso y en la empresa que lo financia y lo distribuye que tiene la logística, este fetichismo judicial produce resultados muy limitados. Ha mejorado mucho la calidad de la investigación policial, esto no tiene una contrapartida en la calidad del enfoque de la investigación judicial. Las policías trabajan sobre lo que los jueces le piden y ahora estamos viendo en algunos casos que la iniciativa policial están llevando a los jueces a mejores investigaciones”.

Lo que dijeron Para el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, “la información que nos brindó Crous nos permite tener una idea acabada, con datos estadísticos de la casuística que se viene siguiendo desde la Procuración General de la Nación, con respecto a la desfederalización del combate al narcomenudeo. Los resultados presentados son altamente negativos, lo que es importante conocer para hacer una valoración particular en la provincia de Santa Fe”. Para Eduardo Toniolli está claro “que el narcotráfico es un delito que, por sus características, no puede ser investigado de manera fragmentada, ya que eso genera inconvenientes y trabas en los mecanismos de investigación, quedando ésta circunscripta -de alguna manera- a los eslabones más bajos de la cadena, sin poner la atención necesaria en una estructura que, incluso, trasciende las fronteras nacionales”. En tanto, para la diputada Alicia Gutiérrez (SI) el proyecto votado por el Senado “devela no sólo la intención de perseguir al eslabón más débil en el circuito de distribución, sino también la presunción de que los principales responsables de la inseguridad y violencia social actual son los pequeños dealers y los pibes consumidores de los sectores populares o marginales”. Coincidió en que “el eje de toda política debe ser el abordaje del fenómeno de la narcocriminalidad a gran escala. Si bien la droga circula en los barrios, viene de afuera traída por empresas que lucran con la enfermedad ajena. Las acciones represivas del Estado deben orientarse contra estas organizaciones delictivas, para evitar que la droga llegue y se esparza en los barrios lastimando a nuestros chicos”.

El dato Rosario Para Crous, “Rosario tiene un índice de violencia disparado. La cuestión de la narcocriminalidad es un epifenómeno que se asocia con el narcotráfico porque sucede contemporáneamente. Es apresurado hacer una asociación causa-efecto entre narcotráfico rosarino y la violencia extrema expresada en los homicidios. Esto requiere una mirada criminológica más sofisticada, más profunda. Cuando ocurren estos hechos, una mirada rápida puede sacar conclusiones que son aparentemente ciertas pero no necesariamente ciertas”. Antes, no quiso polemizar por la competencia entre Justicia Federal y el juez penal rosarino Juan Carlos Vienna que lleva adelante la investigación sobre la banda de Los Monos y dijo que las diferencias serán definidas por la Cámara de Casación Penal.