El gobierno argentino definirá esta semana la propuesta de pago a holdouts que debe presentar ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York el próximo viernes, para cumplir con el fallo del juez de primera instancia, Thomas Griesa, quien ordenó abonarles 1.330 millones de dólares.
La nueva oferta es en respuesta a un pedido que emitió el 1º de marzo ese tribunal de los Estados Unidos, luego de los alegatos que tuvieron lugar en la audiencia oral celebrada el 27 de febrero en Nueva York.
Durante ese trámite judicial, la Argentina manifestó su voluntad de lograr un acuerdo con este grupo de bonistas, pero bajo condiciones “razonables”.
El mismo 1º de marzo y frente a la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández anunció que el país hará una propuesta de pago, pero “bajo las mismas condiciones” puestas a consideración de los bonistas en la operación realizada en 2010.
Las demandas de los denominados “fondos buitres” tuvieron fallos favorables en el tribunal de primera instancia a cargo de Thomas Griesa, quien aceptó que la Argentina violó la cláusula de “igual tratamiento” (pari passu), al ignorar a los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 y ordenó que se les abone en efectivo y en un solo pago el total de 1.330 millones de dólares.
La medida fue apelada ante la Cámara por la Argentina, la que en primera instancia ratificó el fallo de Griesa (sobre el no cumplimiento de la cláusula de pari passu) pero le ofreció una nueva posibilidad al país al solicitarle que realice una propuesta de pago.
En principio se especuló con la posibilidad de una segunda reapertura del canje 2005, pero las trabas que impone la Ley Cerrojo (impedía realizar nuevas ofertas) habrían hecho al gobierno desistir de esta salida.
Por estas horas, se especula con la posibilidad de elevar un menú de bonos a elección, refugiándose en que la Ley Cerrojo no alcanza a la obligatoriedad de tener que cumplir con un fallo judicial.
Además, se cree que la Cámara todavía se tomará un tiempo en dictar su sentencia y el país aún tiene la posibilidad de pedir que el caso sea estudiado por un plenario del cuerpo, o sea que sea analizado por los 13 jueces que forman el Tribunal en Nueva York y no sólo por los tres que actualmente siguen el caso.
Y, si el fallo del plenario tampoco satisface los intereses del país, el gobierno nacional ya manifestó su voluntad de seguir con su planteo hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Definen propuestas a holdouts
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