El vicepresidente del Directorio de Vicentin, Alberto Macua, desmintió que la empresa hubiese sido allanada. La versión daba cuenta de que la justicia federal realizaba un procedimiento en la sede central de la compañía, en Reconquista, “en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos”. “Nadie allanó Vicentin, desmiéntanlo”, dijo Macua.
Desde la empresa
Desmienten allanamiento a la sede de Vicentin
La medida había sido dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tiene por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina -entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.
Se los acusa de haber otorgado -irregularmente- millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba.
La investigación también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.
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