En línea con la Ley N° 14.379 sancionada en noviembre pasado, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley para sancionar a personas que agredan a trabajadores, profesionales o no, de sanidad animal.
Media sanción de Diputados
Agravan las sanciones a agresores de personas que trabajan en sanidad animal
Se incluyó el temario en el Código de Faltas. Otros dos proyectos vinculados a salud fueron votados con amplias mayorías y girados al Senado para su revisión.
A instancias del radical Germán Scavuzzo, se votó por unanimidad en la Cámara Baja la inclusión en el Código de Faltas (Ley N° 10.703) el artículo 115 Quater que habla de Agresión física o verbal a trabajadores de la Salud Animal. "El que agrediere verbal o físicamente, dentro de un establecimiento de salud animal público o privado, a una persona trabajadora de la salud animal, sea o no profesional de ciencias veterinarias, será reprimido con arresto de uno a cinco días o multa de uno a veinte Jus, siempre que el hecho no constituyera delito".
El Poder Ejecutivo deberá implementar campañas de sensibilización y concientización sobre las conductas previstas y el daño que provocan sus consecuencias, acota la norma.
Scavuzzo explicó que la norma está en sintonía con la ley que dispuso sanciones a los que agrediesen a trabajadores de la salud pública y de la educación. Las sanciones previstas son iguales para los tres sectores que buscan ser protegidos por la norma.
El proyecto llegó al recinto con los respectivos dictámenes de comisión y fue votado en forma favorable por los miembros presentes en la sesión.
También con dictámenes de comisiones y con el voto del pleno, Diputados votó la reforma al artículo 1 de la Ley N° 14.046 sobre capacitación obligatoria de los agentes públicos en materia de perspectiva de discapacidad. La reforma votada suma, con carácter voluntario a dirigentes y actores sociales y en la reglamentación definirá con precisión los sujetos alcanzados.
La nueva redacción votada a instancias de la socialista Rosana Bellatti sobre los sujetos alcanzados por la ley dispone la capacitación con carácter obligatorio para agentes públicos que presten servicios en todos los niveles y jerarquías dentro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la temática de acceso a los derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo el conocimiento y exigibilidad de sus potestades, con especial énfasis en la autonomía y participación social.
Asimismo, la Provincia promoverá la misma capacitación, con carácter voluntario, para dirigentes y actores sociales. La reglamentación definirá con precisión los sujetos alcanzados", reza el texto girado al Senado.
"La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer social implica re-conceptualizar una serie de términos y en algunos casos el desarrollo de nuevos conceptos, que permitan visualizar las múltiples formas de subordinación y discriminación que viven las personas con discapacidad" explicó la autora.
"El enfoque de discapacidad parte de la necesidad de identificar y caracterizar a las personas con discapacidad y sus factores contextuales para contribuir en la visibilización de esta población y en la focalización de acciones afirmativas orientadas a la inclusión y garantía de sus derechos" añadió.
Para Bellatti "es necesario reconocer a la discapacidad como parte de la diversidad, realizando actividades que le permitan experimentar la ausencia de un sentido y entender diferentes formas de comunicación y reconocimiento".
Reconoció que la mayoría de agentes y funcionarios del Estado, de los tres poderes han recibido la capacitación de la ley 14.046 con buenos resultados. "Nos parece útil y necesario extender la experiencia a los dirigentes y actores sociales, entendiendo como tales a aquellas personas influyentes, no por el capital económico, sino por su poder de decisión; se les identifica en grupos o instituciones que tienen alguna relación con el núcleo social de interés para su grupo, barrio o comunidad. Dentro de esta descripción se encuentran directivos de clubes (sean de barrio o no), merenderos, comedores, asociaciones civiles con objeto de acción social, etc".
Por otra parte, Diputados votó un proyecto de ley creando la Red Provincial ACV (Ataque Cerebro Vascular) para impulsar la prevención, atención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV garantizando el acceso a la atención.
El proyecto lleva la firma de la socialista Lionella Cattalini y además ordena que cada 29 de octubre, en conmemoración al Día Mundial del ACV se realizarán jornadas provinciales de concientización con actividades recreativas, educativas y de capacitación para la comunidad.
En el recinto habló la socialsita Varinia Drisun quien explicó que la iniciativa es consecuencia de la necesidad de brindar la cobertura necesaria para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento integral del ACV destacando que "las enfermedades cerebrovasculares constituyen la tercera causa de muerte luego de las cardiovasculares y del cáncer, son además la primera causa de discapacidad adquirida". Acotó que el accidente cerebrovascular isquémico representa una mortalidad del 20%, el 70% de los sobrevivientes adquiere algún grado o tipo de discapacidad luego del accidente.
Defensoría
La Cámara de Diputados votó una resolución para otorgar la distinción "Diploma de Reconocimiento Público" a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, en conmemoración del 35° aniversario de la creación de la misma y en reconocimiento a su actuación en defensa de los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad.
La realización de la actividad está ahora en manos de las autoridades de la Cámara. La iniciativa fue de Antonio Bonfatti quien fue acompañado en la firma por Omar Perotti, Claudia Balagué, Silvana Di Stéfano y Ximena Sola.
Constitución: Cláusula transitoria
Este martes, vence el plazo establecido por la disposición transitoria tercera incluida en la nueva Constitución de Santa Fe y que refiere a la tarea de los secretarios que tuvo la Convención Reformadora.
Dice la cláusula transitoria que "las autoridades de la Convención y los secretarios de ésta deberán, hasta el día 30 de septiembre de 2025, emitir todos los actos administrativos y tomar todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a todas las obligaciones que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de la Convención Reformadora".
Fuentes de la Convención señalaron a El Litoral que ya se han dictado todas las resoluciones respectivas así como los reconocimientos previstos a convencionales, trabajadores. En otra instancia también se terminaron de ajustar las cuentas públicas del movimiento de fondos que implicó la realización de la Convención.
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