El gobierno elige quién vende trigo

De la redacción de El Litoral
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El grado de intervención oficial en el mercado del trigo llegó a extremos insospechados. Hasta ahora, el secretario Guillermo Moreno decidía cuánto cereal podían adquirir molinos y exportadores, y quiénes eran las empresas beneficiadas con permisos de exportación (ROE). Pero ayer circuló un inédito listado de cooperativas y acopios a los que el gobierno considera aptos para comercializar su cosecha, coincidieron en señalar medios especializados.

Así, “Beraza, Biolato, La Buena Medida, Cerelber, Rivara, José Curato, Sergio González, Lelfum, Maurer Rolando, Juan Salomón, Santa Cecilia y Unión Agrícola Leones”, son algunas de las firmas privadas que integran esa lista. También figuran las cooperativas de Ascensión, Cañada de Luque, Leones, Bombal, Carlos Casado, Chacabuco, Máximo Paz, Pujato, Bigand y Salto.

Un operador consultado al respecto, señaló: “Es una discriminación inaudita: si no estás en la lista, sencillamente no podés vender tu cosecha”.

Recordó luego: “Que Moreno decida entre quiénes se distribuye la producción de trigo no es novedad: desde 2006 fija cupos de mercado y distribuye de manera discrecional los ROE. Pero el gobierno avanza más y ahora decide quiénes podrán vender sus granos”, insistió el operador consultado.

Esta mañana se aclaró que “curiosamente, esa lista no habría salido de Comercio Interior sino desde el Ministerio de Agricultura. Se distribuyó entre las grandes cerealeras para que adquieran trigo a un precio “justo” de 190 dólares por tonelada. Sucede que con el mercado cuotificado por Moreno, no existe competencia y desde hace cinco años los productores sufren descuentos de hasta 40 dólares. Es una suerte de retención extra, pero privatizada”, explicaron voceros del sector.

Quejas por el maíz

En otro orden, la última reapertura de exportaciones de maíz, de 7,5 millones de toneladas, dejó Pymes exportadoras sin beneficiarse correctamente, que empezaron a quejarse de que les tocó un tonelaje muy inferior al recibido por los grandes del negocio.

La semana pasada, el gobierno autorizó la exportación de 300.000 toneladas de la última campaña y abrió un cupo de 7,5 millones de toneladas de la cosecha 2011-2012.

Si bien el gobierno es el encargado de habilitar esas cuotas, el reparto interno lo hacen las compañías agrupadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Allí, hay unas cuarenta empresas, pero las que más peso tienen son una decena, entre las que se destacan Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera y ADM, las mayores exportadoras, que se reparten el negocio de los cupos que da el gobierno.

Según fuentes del sector, varias Pymes, muchas de ellas no asociadas a esa entidad pero firmantes del último convenio de exportación, protestaron porque en la distribución interna pasaron de tener una participación individual del 0,10 por ciento de lo autorizado para exportar a apenas un 0,026 por ciento.

Con el tonelaje abierto de la cosecha pasada, de 300.000 toneladas cada Pyme recibió 300 toneladas, el 0,10 por ciento. Si se hubiera seguido ese mismo porcentaje, con el cupo de 7,5 millones de toneladas a cada Pyme le hubieran tocado 7.500 toneladas.

Dudas de productores

La Sociedad Rural de Rosario recordó que “a partir del 2005, el gobierno nacional impulsó una fuerte intervención en el mercado de trigo, el mismo criterio que adoptó en la siguiente campaña con el maíz. Las medidas adoptadas no resultaron satisfactorias, más aun, para los cereales mencionados: la cadena de comercialización se deterioró y el sector productivo fue el más perjudicado producto de una sustancial quita en el precio recibido por su mercadería e incluso por no poder realizar ventas”, subrayó.

“En este marco intervencionista, se presentan a discusión propuestas tendientes a encontrar alguna solución, para nuestro criterio, provisoria ya que entendemos que nuestro país debe abrir definitivamente las exportaciones y liberar los mercados. En consecuencia, desde la Sociedad Rural de Rosario, consideramos que los proyectos presentados no lograrán estimular al productor para cumplir el objetivo de incrementar los volúmenes de trigo y maíz”, señaló un comunicado.

Sostuvo que “los proyectos sobre comercialización han generado muchas dudas e inquietud entre los productores. Por ejemplo: El 40 % destinado para consumo, ¿el precio será inferior al de exportación? ¿Tendrá o no lugar el fideicomiso pretendido? ¿El precio de exportación al no competir con el consumo pagará lo que permite el FAS teórico? ¿Cómo se podrán utilizar los forwards si se limita con un porcentaje sobre la estimación de siembra? Además, este nuevo sistema ¿asegura que el productor no siga perdiendo precio por sus cereales? ¿Estaremos frente a nuevos trámites engorrosos ante esta necesidad de determinar los porcentajes que resulten para el mercado interno y para exportación? o ¿qué rol cumplirá la Secretaría de Comercio a la hora de entregar los certificados a los productores y los ROE para los saldos exportables?”, remarcó.