Redacción de El Litoral

El gobierno dio marcha atrás con la medida pero, en Diputados, el Frente Renovador y el Frente Para la Victoria-PJ mantienen el pedido de sesión especial para el jueves.

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NA / Télam
El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó imputado en una causa penal en la que se investiga si cometió delitos al dictar una resolución que dispone pagar a las empresas distribuidoras de gas una compensación tarifaria por el aumento del dólar.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Iguacel y pidió a la jueza María Servini de Cubría que “en forma urgente” dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación. No obstante, el gobierno ya anunció que no iba a trasladar ese gasto a los consumidores, sino que el dinero lo iba a poner el Estado.
Paloma Ochoa impulsó la denuncia que hizo de oficio el fiscal Guillermo Marijuan y ratificó la calificación que había hecho su colega: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.

La jueza de la causa es María Servini, quien delegó la investigación en Ochoa. La fiscal dijo que la resolución “pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina”, y sostuvo que esta decisión “excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico-penalmente relevante”.
¿HABRÁ SESIÓN?
Por su parte, los bloques del Frente Renovador y del Frente para la Victoria-PJ de la Cámara de Diputados ratificaron el pedido de sesión especial para el próximo jueves, con el fin de tratar el tema de la compensación por las tarifas de gas, más allá del anuncio del gobierno de que dará marcha atrás con la medida.

Voceros de los bloques opositores argumentaron que la decisión de que sea el Estado, en lugar de los usuarios, el que pague la compensación a las empresas, tampoco es lo más conveniente.
El peronismo federal supeditó su participación a que el gobierno formalice en los próximos días una serie de cambios que introdujo al proyecto original para contar con el apoyo del peronismo. En cualquier caso, el jefe de la bancada del FPV-PJ, Agustín Rossi, señaló: “Seguimos con el proyecto de la sesión especial porque no queremos que el Estado pague las pérdidas de las empresas energéticas”.

En el mismo sentido, la presidente del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, sentenció: “Nosotros también tenemos la intención de mantener la sesión para que las empresas se hagan cargo del retroactivo del gas”, al que calificó como “un delito”.
Romina del Pla (Partido Obrero), ya había anticipado que mantenían la idea de realizar la sesión. Sin embargo, para lograr el quórum es necesario el respaldo del interbloque Argentina Federal: el salteño Pablo Kosiner, titular de ese interbloque, aclaró que “si el gobierno no formaliza por escrito la anulación de la resolución original, mantenemos la idea de participar de la sesión especial de la semana que viene”.