El proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo dictamen y será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, en la sesión convocada para debatir el Presupuesto 2026.

El proyecto obtuvo dictamen y se debatirá en la sesión especial convocada para el Presupuesto 2026. El texto reunió 44 firmas y recibió apoyos de PRO, UCR, MID y varios bloques provinciales.

El proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo dictamen y será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados, en la sesión convocada para debatir el Presupuesto 2026.
El proyecto de la bancada de La Libertad Avanza reunió 44 firmas y contó con el respaldo de varios bloques nacionales y provinciales.
La propuesta busca simplificar el sistema tributario y reducir la carga administrativa sobre contribuyentes y pequeñas empresas, al presuponer la Inocencia del contribuyente hasta que el fisco demuestre lo contrario.
Entre las modificaciones al Régimen Penal Tributario, el proyecto eleva notablemente los umbrales mínimos para tipificar delitos fiscales: evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones; evasión agravada, de $15 millones a $1.000 millones; evasión de Seguridad Social, de $200 mil a $7 millones; y uso de facturas apócrifas, de $1,5 millones a $100 millones.
Además reduce el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria a tres años y, en paralelo, aumenta las multas por incumplimientos, lo que según el texto limita la posibilidad de iniciar denuncias penales por parte de la AFIP.
El texto incorpora un régimen de Declaración Jurada Simplificada destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan requisitos de ingresos y patrimonio.
Bajo ese sistema se presume la exactitud de las declaraciones salvo discrepancias significativas detectadas por la autoridad Fiscal; la aceptación de la modalidad otorga efecto liberatorio de pago del impuesto a las ganancias para los períodos involucrados, salvo en casos de omisiones graves o uso de documentación falsa.

El Gobierno evaluó que al aumentar los umbrales muchas causas penales tributarias abiertas quedarían sin efecto, lo que permitiría "descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas", según la exposición del oficialismo.
La iniciativa también plantea que, si el organismo recaudador aplica menos controles automáticos, personas y pequeñas empresas podrían volcar ahorros acumulados en operaciones corrientes o en adquisiciones de bienes registrables, según el texto del proyecto.
En la comisión de Legislación Penal, la titular defendió la iniciativa afirmando que aporta certidumbre a quienes cumplen las obligaciones fiscales.
“Estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad. El que cumple no puede vivir bajo una amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales”, dijo Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal.
Desde el peronismo alertaron que la norma podría alentar el uso de dinero no declarado y debilitar la capacidad de fiscalización del Estado frente a grandes contribuyentes con herramientas de planificación Fiscal, según declaraciones recogidas en el recinto.
El dictamen oficialista contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca.