Intervienen el Puerto de Reconquista y denuncian que lleva 16 años inactivo

El gobierno provincial, mediante un decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y de la ministra de Obras Públicas, Silvina Frana, dispuso intervenir el Ente Administrador Puerto Reconquista (EAPRe), por el plazo de 180 días. En la resolución fechada el lunes pero que tomó estado público este miércoles se designó al Dr. Martín Deltín como interventor.

Las razones esgrimidas por la provincia tienen fundamento en un informe-denuncia elevado por Deltín -que hasta ahora había ejercido por representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista- el 14 de febrero pasado.

En ese estado de situación elaborado, se destacó -y así lo recoge el decreto- que la denominada “Terminal A”, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está “inactiva y sin operaciones desde al año 2004”.

Ello, porque no efectúa un embarque desde ese año, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, “configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”, consignó el decreto, en base al reporte.

Para las máximas autoridades políticas provinciales, tal situación no solo representa un “claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual”, sino que además “conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal”, y concurre, cuanto menos, “en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Destino comercial

En referencia al funcionamiento del puerto se detalla que la “Terminal B” utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya; y que el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías, como el estacionamiento destinado a la aduana, parte de la “Terminal A” (concesionada a Río del Norte S.A.) es utilizada como playa de automóviles e ingreso a la mencionada guardería.

Y se señala que, por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente “ha cesado y abandonado su destino comercial, dando solo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley” que establece las funciones de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial al momento de la creación del ente portuario.

Paralelamente, se advierte que, en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, es observable una “confusión de funciones y responsabilidades” que pueden ser consideradas, en principio, un “apartamiento de la ley y su reglamentación” en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción.

“Grave incumplimiento”

Siempre apoyado en la auditoría realizada por el interventor, el decreto provincial hace foco sobre un “grave incumplimiento” en cuanto a la fiscalización y control, no respetándose el esquema de auditoría externa, y “siendo el propio síndico en ejercicio, quien oficiara de contador del Ente, confeccionara, escribiera y a la vez desempeñara el rol de auditor externo de los estados contables, y asimismo su estudio contable llevara la administración económico financiera del Ente”.

Y por si fuera poco el “evidente incumplimiento de la fiscalización y control que implica una auditoría externa, una incompatibilidad ética y confusión de roles, que hacen al desbalance de la figura propuesta por la Ley”, el informe revela que “uno de los directores fue designado apoderado legal del Ente”.

En ese sentido, sentencia que de ese cúmulo de anomalías surge que el “desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable fundadamente por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos, entre los que cabe resaltar el apego a normas éticas y al accionar transparente y que amerita ser rectificado”.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, empresa con sedes en Avellaneda y Reconquista respectivamente.