Investigan cómo se conformó el tribunal que liberó a López

Redacción de El Litoral

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Télam

La Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigue el procedimiento de conformación de la sala de la Cámara Federal que liberó al empresario Cristóbal López, al mismo tiempo que un fiscal pidió que se levante el secreto fiscal sobre el empresario.

Ambas resoluciones se conocieron un día después de que la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) solicitara que el Consejo de la Magistratura investigue si hubo “intereses económicos involucrados” en el fallo que devolvió la libertad a los dueños del Grupo Indalo.

En ambos casos se trata de decisiones judiciales vinculadas a la causa contra López y su socio Fabián de Sousa por la supuesta retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles por unos 8.000 millones de pesos.

La orden de la Corte fue emitida a través de una oficio dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para que investigue como se conformó el tribunal que dispuso la liberación de López y su socio.

El oficio de la Corte fue firmado por el titular de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti, y por el resto de los jueces que la integran: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Los cinco jueces le ordenaron a Piedecasas que “arbitre los medios que tiene a su alcance, a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I” de la Cámara Federal porteña, para observar si existió “alguna irregularidad en esa conformación”.

La sala de la Cámara Federal que intervino en el caso (Sala I) fue la que integran Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar porque no se habían puesto de acuerdo en distintos aspectos del fallo.

Cambio de carátula

El juez Ballestero sostuvo que era preciso cambiar la calificación de la causa de “administración fraudulenta” a “retención indebida de tributo”, y dejar en libertad a López y a De Sousa, mientras que Bruglia se manifestó en dirección contraria.

El desempate quedó en manos del camarista Eduardo Farah, quien fue convocado sin previo sorteo, con el argumento de la “premura” y del hecho de que ya había intervenido en una de las causas contra López, que tendría alguna vinculación con el expediente en el que se investiga la deuda de Oil Combustibles (del Grupo Indalo) con Afip.

En el mismo expediente se encuentra procesado, aunque nunca fue detenido, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, quien está acusado de haber facilitado la maniobra de elusión del pago del impuesto por parte de los empresarios acusados.

En ese sentido, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió identificar los activos del ex titular de la Afip Ricardo Echegaray para concretar el embargo de sus bienes en su condición de procesado.

Además reiteró el pedido para que se levante el secreto fiscal sobre los bienes de López y De Sousa para avanzar en la investigación del caso, en el que está involucrada la petrolera Oil Combustibles, del Grupo Indalo.

“Resulta necesario avanzar” en la investigación para “identificar bienes y demás activos que registre el ex administrador federal Ricardo Echegaray, a efectos de hacer efectivo el embargo dictado” en la causa a cargo del juez federal Julián Ercolini, pidió el fiscal en el escrito.

Pollicita advirtió sobre “una posible dilapidación” de bienes que “conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito”.

Además, reiteró un planteo para que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre López y De Sousa, y las empresas vinculadas al Grupo Indalo que son investigadas por maniobras ilícitas.

Procedimiento y explicaciones

El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, informó que el organismo ya dio curso al pedido de la Corte y dispuso medidas para indagar sobre la conformación del Tribunal.

En declaraciones a LT 10, el funcionario judicial reveló que ya se solicitaron informes al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzún, quien en la misma jornada respondió que pondría en marcha las gestiones pertinentes. A la vez, Piedecasas dio intervención de la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside el diputado macrista Pablo Tonelli, que la próxima semana estaría en condiciones de designar un miembro instructor para llevar adelante la investigación.

Piedecasas también confirmó la recepción de una presentación espontánea por parte del camarista Jorge Ballestero, quien defendió el mecanismo utilizado para la integración de la sala y explicó que no se realizó un sorteo porque su colega Eduardo Farah ya había atendido en otro expediente conexo con el del Grupo Indalo, a través de un sorteo.

“El Dr. Farah venía estudiando el asunto desde unos días antes pues, como se consigna en el mismo despacho del 15 de marzo, la disidencia entre los miembros de esta Sala se había generado en el marco del Acuerdo que sucedió al desarrollo de las audiencias celebradas el 8 de febrero. De tal forma, el Dr. Farah emitió su voto conformando la mayoría reclamada legalmente para decidir la cuestión suscitada”, añadió.

“En definitiva, le informo que ya desde el 15 de diciembre pasado el tribunal había quedado definitivamente integrado con el Dr. Eduardo Farah, en virtud del sorteo realizado, para la resolución de todos los recursos que requieran la actuación de un tercer magistrado”, agregó al final de la misiva.

“Motivación económica”

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió al Consejo de la Magistratura que inicie una investigación que determine si pudo haber una “motivación económica” de parte del camarista Jorge Ballestero en el fallo en la causa del Grupo Indalo.

La diputada solicitó que se investigue también al camarista Eduardo Farah por la sospecha de “posibles vínculos” entre ex directivos del casino de Puerto Madero y funcionarios judiciales.

El pedido de investigación ya está en la Comisión de Disciplina y Acusación a la espera de ser sorteado el 5 de abril, día de la próxima reunión, para que alguno de sus integrantes tenga a su cargo la instrucción del expediente.

Una vez que el expediente se sortea, el consejero instructor se encarga de reunir las pruebas necesarias para dar lugar a la denuncia o para desestimarla, lo que se plasma en un dictamen que se pone a consideración de la Comisión primero, y del plenario luego.

De prosperar un dictamen acusatorio, el proceso disciplinario puede derivar en un pedido de juicio político.

Estrategia

La decisión de la Cámara Federal de liberar a los empresarios y cambiar la calificación del delito de defraudación a evasión, una figura que se extinguiría con el pago de la deuda, será apelada por la querellante Afip y por el fiscal ante esa instancia, Germán Moldes, en un intento de llegar a la Cámara Federal de Casación.