Juan Lewis: "es un Código que está a la vanguardia del derecho procesal penal"

Lewis ajusta las tareas con el Poder Judicial para el nuevo sistema penal y dijo que hoy ya casi no existen resistencias institucionales al cambio. Foto: Alberto Fabatía

Mario Cáffaro [email protected] Este lunes, en toda la provincia de Santa Fe entrará en vigencia plena el Código Procesal Penal sancionado en agosto de 2007, cambio que algunos definen como “copernicano” y hará que la provincia deje de lado las observaciones constitucionales que le formularan al sistema que termina tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pocas horas del cambio, El Litoral habló con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis. —¿Cómo se explica al ciudadano la demora entre la sanción del Código y la entrada en vigencia? —Toda transformación procesal penal requiere de un plazo de implementación. Un Código Procesal Penal es aún más difícil de implementar que los códigos que regulan el derecho de fondo, puesto que exige nuevas instituciones, nuevos organismos, nuevos circuitos de trabajo. El derecho de fondo regula el derecho que aplican los jueces. Este tiempo de implementación que durante algunas épocas se dijo que era largo, ahora de repente dicen que lo hemos acelerado. A nuestro juicio, es el tiempo correcto. Alberto Binder, un especialista en transformaciones procesales, enseña que no ha habido transformación procesal penal en Hispanoamérica que haya durado menos de cinco años. En la Argentina hay ejemplos de provincias que han tardado quince años y han fracasado, o que no son tan ambiciosas como la nuestra y que no obstante han llevado años. Además del tiempo, hay que pensar en la dimensión de esta transformación que no se la pensó como un mero cambio de normas. Se la pensó con nuevos funcionarios -hay más de un centenar de personal jerárquico trabajando en el día cero y concursos en marcha-; con más empleados y una ley previó 600 cargos; se crearon dos organismos nuevos: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público provincial de la Defensa. Hubo que dotar de estructuras, personal, servicios administrativos, servicios de trabajo interno, muebles e inmuebles. Hay que pensar además en la dimensión del cambio jurídico cultural que implica. Estamos pasando de un sistema enteramente escrito, centrado en el expediente, altamente burocrático, a un sistema en el que todas las decisiones de un proceso, no solamente el juicio, se toman en una audiencia oral y pública. Esto también es una diferencia importante que hay que señalar. En la mayoría de las provincias argentinas hay juicio oral, sin embargo, estos juicios no han logrado erradicar el expediente; otras no han logrado erradicar la figura del juez de instrucción, casi ninguna ha logrado terminar con cierto escriturismo que transforma los juicios orales en juicios leídos porque lo único que se hace en una audiencia es leer actas de actos realizados en otros momentos. En cambio, en nuestro sistema prácticamente no existe el expediente, todo se decide en las audiencias orales y públicas. Solamente podremos encontrar un sistema semejante en la provincia de Chubut, con la diferencia de escala poblacional. Es un Código que está a la vanguardia de lo que es el derecho procesal penal y por lo tanto es un esfuerzo cultural muy importante en el cual han estado embarcados tanto el gobierno como el Poder Judicial, el Legislativo y las universidades públicas y privadas. —¿Qué cambio percibirá el ciudadano? ¿Mejorará el tema seguridad? —En relación a la cuestión de la seguridad, el nuevo Código será un aporte más. El nuevo sistema permite investigaciones en una sola institución que podrá centralizar la información, diseñar estrategias eficaces contra el delito, en este caso, el Ministerio Público de la Acusación que es una institución que se dedica a esto y tiene protocolos de trabajo y áreas especializadas en función de los distintos tipos de infracciones. En el sistema vigente las investigaciones están balcanizadas en distintos juzgados de instrucción. El nuevo sistema puede hacer un aporte en todo esto pero no nació específicamente para responder a la cuestión de la seguridad o la inseguridad, sino que nació por la necesidad de constitucionalizar el proceso penal que ya había tenido objeciones de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también para modernizar el Estado. Esta modernización del Estado trae ventajas: mayor transparencia, ya que ahora la ciudadanía va a ver cómo funciona uno de los sistemas esenciales del Estado como es el Poder Judicial. Hasta hoy en el sistema escrito las decisiones las tomaba el juez en la soledad de su despacho; ahora, todo lo que el juez decida debe hacerlo de cara a la gente en audiencias abiertas, hay mayor participación de la ciudadanía, un contralor informal de la gente a la actividad de los jueces. La víctima era desconocida, era un testigo más que declaraba si al juez le interesaba su testimonio pero no era parte adentro del proceso; ahora puede serlo y puede ir a hacer valer sus derechos, pedir líneas investigativas, ofrecer pruebas, dar su versión de los hechos, argumentar en un juicio.

Convivencia

• “Para arrancar sobran recursos humanos. Cuando esté trabajando a pleno habrá que hacer incorporaciones progresivas y está previsto en la ley. Hay concursos abiertos”, dijo el ministro.

"Todo sistema que comienza, empieza con inconvenientes, lo importante es que estemos dispuestos a resolverlos; e inclusive si no hubiese ningún problema tendríamos que tener la misma actitud”. Jorge Henn Vicegobernador de Santa Fe

11 autoridades ya designadas Fiscal general y cuatro regionales; defensor general y los cinco regionales 105 funcionarios ya en funciones son 66 fiscales y 39 defensores públicos 35 jueces de primera instancia más otros que la Corte irá traspasando del sistema actual