La jueza norteamericana Loretta Preska se disculpó con el Gobierno argentino por cuestionar su autoridad en la defensa del juicio que el país enfrenta por la estatización de YPF.
Suspendió la causa hasta que se despeje la incertidumbre electoral
Una jueza norteamericana se disculpó con la Argentina por su decisión sobre YPF
El gobierno argentino, a través del estudio de abogados que lo representa en el juicio que se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, presentó una queja formal por la decisión de Preska de suspender la causa hasta que se despeje la incertidumbre electoral.
El escrito que presentó la Procuración del Tesoro rechazó el argumento de Preska, quien minimizó la autoridad del actual gobierno, dado que el presidente Mauricio Macri perdió las elecciones PASO.
El escrito presentado a Preska sostiene que "aunque no creemos que el Tribunal haya tenido la intención de implicarlo, tal como está escrita, la orden podría interpretarse, incorrectamente, para sugerir que la administración actual carece de legitimidad o autoridad legal porque hay una elección en el horizonte".
"Como sin duda apreciará el Tribunal, cualquier sugerencia de este tipo es inexacta y podría sentar un precedente peligroso para la República o cualquier Estado soberano que enfrente una elección presidencial", señaló el texto de la Procuración.
La Argentina fundamentó su queja en que Macri fue electo por los ciudadanos y tiene "total autoridad" para tomar decisiones vinculantes para la República.
La jueza contestó que "la implicación incorrecta que podría sugerir ciertamente no fue intencionada", en lo que puede interpretarse como un pedido de disculpas por cuestionar la autoridad del gobierno.
"Nuestra posición es que hay una continuidad institucional en el caso de la República aunque cambie la administración y una continuidad societaria en el caso de YPF aunque cambie de directorio", señala el documento presentado.
El juicio iniciado por el fondo Burford Capital, luego de comprar los derechos del juicio por la nacionalización de YPF, le podría costar al Estado nacional unos US$ 3.000 millones.
El Litoral | NA
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