Legislar sobre y con pandemia

Casi mil proyectos ingresados, muchos aprobados, acompañamiento en dos normas claves al Poder Ejecutivo, intentos de apoyar a sectores con serias dificultades por la imposibilidad de trabajar normalmente y cambios en la manera de trabajo tanto en el recinto como en las comisiones marcaron la actividad de la Cámara de Diputados en el primer año de pandemia.

Una Cámara recién constituida se encontró en marzo del año pasado con la pandemia. La agenda preparada por los diferentes sectores políticos que conforman el cuerpo debió esperar varios meses porque la prioridad la tuvo el Covid. Enseguida se acentuó el aislamiento y por ende el cuerpo debió adaptarse a un nuevo tipo de funcionamiento, primero tomando los necesarios recaudos tecnológicos.

A principios de marzo pasado la disputa política pasaba por la llamada Ley de Necesidad Pública -eufemismo de ley de Emergencia- y su sanción llegó casi el fondo Covid una ley propiciada por el propio Ejecutivo para tener herramientas económica financiera para atender las nuevas demandas. El Poder Ejecutivo fue dotado de recursos y facultades.

El gobernador invitó a los bloques a sumarse al Comité de Emergencia, organismo que fue cayendo en el olvido ya a mediados del año pasado. El propio presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, asistió a los primeros encuentros con el gobernador Omar Perotti y varios de sus ministros. Fue apenas una foto y no hubo decisión de converger en políticas. El socialista lo entendió enseguida y distanció su participación o la delegó en otros actores de su bloque.

En la tarea parlamentaria en sí, muchos de los proyectos ingresados fueron y son de comunicación y apuntan a marcar necesidades a atender o advertir sobre políticas equivocadas del Ejecutivo. Hubo convergencia de temas y muchas aprobaciones, pero también hubo choques con el Poder Ejecutivo especialmente con sanciones de leyes que no gustaron a la Casa Gris que usó el poder de veto o diluyó efectos legales en la reglamentación. Los casos emblemáticos son el intento de darle un aporte a docentes y asistentes escolares reemplazantes que perdieron dicha posibilidad ante el no dictado de clases. Hubo consenso entre las dos cámaras después de mucho trabajo parlamentario y luego llegó la observación. El otro es el fondo para apoyar a actividades ligadas al turismo y a la gastronomía, sectores muy golpeados en 2020.

El pleno de Diputados encomendó a mediados del año pasado a la Secretaría Parlamentaria, recopilar todas las iniciativas vinculadas a la problemática del Covid para ponerlas en conocimiento de los integrantes del Comité de Coordinación que había creado el Poder Ejecutivo. A julio, habían sido 613 los proyectos presentados por los integrantes de la Cámara Baja. El trabajo remitido fue presentado en en 19 títulos ordenados por área y clasificados según tipo de proyecto, ya sean de Ley, Resolución o Declaración. Después hubo otros 300 proyectos, algunos de los cuales aguardan el respectivo tratamiento. Los hay vinculados a temas tributarios, asistencia sanitaria, la preocupación por la situación del sistema educativo, etc.

El otro ítem que marcó la pandemia fue la necesidad de cambiar el sistema de funcionamiento. Primero se quitó la posibilidad de que ingresen al recinto colaboradores y secretarios. Después se recurrió al uso del Paraninfo de la UNL para que con el necesario distanciamiento puedan estar presentes los 50 legisladores, el personal de la secretaría parlamentaria y los taquígrafos. Luego, la decisión fue sesionar con los jefes de bloque en el recinto y el resto en forma virtual. En la peor etapa de la pandemia, sólo Lifschitz en el recinto y los restantes 49 en forma virtual. De a poco se está volviendo a la presencialidad dejando la opción de hacerlo en forma remota a aquellos que por problemas de salud optan por no estar en el recinto.

El funcionamiento de las comisiones también sufrió mutaciones y se extendió la virtualidad incluso con la presencia de invitados o citados por los grupos de trabajo. Recién sobre fines del 2020 y a la hora de discutir proyectos de ley fueron varias las comisiones que optaron por habilitar la presencialidad. En comisiones además fue constante la presencia de ministros o secretarios para atender requerimientos vinculados a la pandemia.

El año en pandemia dejó muchas experiencias en la Legislatura, entre ellas la necesidad de la presencialidad especialmente en las reuniones de trabajo donde se definen políticas, se define la letra chica de una ley, donde muchas veces el zoom u otro elemento técnico no hizo más que estirar diferencias políticas o ideológicas.

La ley del oxímoron
por Luis Rodrigo

Imagine que los pacientes que se han recuperado sin problemas del Covid 19 fueran los portadores sanos del remedio para otros. ¿No sería lógico hacer todo lo posible para que lo donasen? ¿Incluso obligarlos?

Así se veía (o se soñaba) al plasma sanguíneo de los positivos que sin secuelas habían superado la enfermedad en julio de 2020, cuando las calles estaban desiertas y de las vacunas solo había ilusiones. Faltaba mucho para las vergüenzas de la campaña antivacunas y el vacunatorio VIP. Luego fue el turno del ibuprofeno inhalado, de la ivermectina, y de otros tratamientos -unos debidamente autorizados, otros apenas en uso-, mientras no se hablaba más que de multiplicar respiradores o buscar cómo descongestionar las terapias.

A la discusión la provocó el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) y aún con alguna duda se aprobó en la Cámara alta. Santa Fe iba a ser la primera provincia en obligar a quien se haya curado a donar su plasma. La reciente sanción de la Ley Justina (2018) que obliga a la donación de órganos cadavéricos a los deudos, para que haya más oportunidades para quienes esperan poder recibir un trasplante, fue un antecedente jurídico relevante. También la idea de privilegiar un bien común supremo (la vida) por sobre otros de igual rango (la libertad) de los individuos. Así se justifican las cuarentenas, pero en democracia requieren consenso.

Aquel debate fue posterior al de las sesiones virtuales que trajo Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). El radicalismo, liderado por Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) se concentró en coordinar con la mayoría opositora en Diputados ayudas a los sectores más afectados por la pandemia. Y los justicialistas más cercanos a la Casa Gris, que a fin de año serían el bloque Lealtad, en hacer avanzar los superpoderes para el Ejecutivo que se convirtieron en Necesidad Pública. Todas esas iniciativas se aprobaron por unanimidad.

De todas las cámaras de senadores del país, la santafesina fue la primera en sesionar de manera remota, el 23 de abril de 2020. Nació el inimaginable concepto de un recinto virtual, con debates conducidos desde el verdadero, convertido en una suerte de estudio de TV. Parecía limitado a temas de fuerte acuerdo, para evitar desprolijidades. Sin embargo, meses más tarde, cuando fue necesario, se abordaron asuntos muy polémicos en telesesiones llamadas "mixtas": unos en sus bancas, otros en sus escritorios particulares. De todas formas, los temas urticantes llevaron más senadores a "la presencialidad", como en la sesión de la muy mayoritaria negativa a retirarle los fueros al senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), que fue quien había propuesto crear los comités de emergencia en cada departamento, lo que colaboró hasta con la obtención del alcohol en gel que de pronto escaseaba, los controles en las rutas, además de la búsqueda de centros de aislamiento y un sinfín de cuestiones prácticas.

Sigue pendiente la discusión por la ley del oxímoron: obligar a la donación. La media sanción del Senado se convirtió en Diputados en una mera expresión de deseos y cambió la imposición (el deber de donar) por convencimiento (para quien quiera) a través de campañas. Es posible que ese debate vuelva y otra vez choquen esos dos buenos argumentos. Así son las pandemias.

En un oxímoron se obtiene un significado distinto de las palabras contradictorias que se unen. Por ejemplo: una lenta prisa suele ser buena consejera para la sanción de las leyes.