Ley de niñez: Difunden el decreto reglamentario

Al anuncio lo hizo el propio gobernador Hermes Binner en su mensaje ante la Asamblea Legislativa luego de críticas de legisladores sobre la demora del Ejecutivo en reglamentar la ley 12.967 de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Finalmente ayer, el Ejecutivo difundió el decreto 0619 que reglamenta dicha norma sancionada el año pasado.

Se aclaró que “si bien la ley está en plena vigencia desde su publicación, y cumple acabadamente con todos los requerimientos emanados de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la ley nacional Nº 26.061, el gobierno provincial consideró de suma importancia avanzar en su reglamentación a fin de brindar la operatividad y facilitar la aplicación de todo el cuerpo normativo, regulando los procedimientos y garantizando que las intervenciones sean las adecuadas y necesarias para que se traduzcan en una real protección de la infancia y la adolescencia santafesina”.

En términos generales, la ley brinda un amplio marco de derechos para los niños, niñas y adolescentes, en la franja etaria de 0 a 18 años.

Además de reconocer formalmente los derechos de los que son titulares las niñas, niños y adolescentes, la ley define los criterios y modos de actuación del Estado provincial adecuados al modelo de protección integral de derechos, a la vez que permite operar como una herramienta efectiva que posibilite la construcción del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Diálogo y consenso

El Poder Ejecutivo llevó adelante el proceso de reglamentación de la ley Nº 12.967 de manera conjunta con los distintos ámbitos institucionales que a partir de la vigencia de la norma tienen responsabilidades y competencias específicas a la hora de garantizar los derechos de la infancia: municipios, escuelas, efectores de salud, de seguridad, jueces de familia y de menores, organizaciones de la sociedad civil.

Desde mayo de 2009, se formalizaron espacios de participación institucional donde fueron invitados representantes de colegios profesionales, de los poderes Ejecutivo y Judicial, y organizaciones sociales vinculadas a la temática, profesionales del áreas de los nodos Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Además, se creó un espacio en la web oficial del gobierno provincial para recepcionar aportes a la reglamentación de la ley.

“Si bien la participación institucional conllevó un tiempo muy intenso de intercambios y reuniones, permitió el aporte de innumerables sugerencias y propuestas para la elaboración final de la reglamentación”.

Se explicó que la importancia de la complejidad de la ley provincial Nº 12.967, al igual que la ley nacional 26.061, radica en que rompe con el paradigma del patronato instaurado desde hace casi 90 años en el país e instaura el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta transformación implica generar un modo completamente distinto de trabajo, junto con el Poder Judicial, la Policía y con todos los actores que se relacionan con la infancia. También supone desarmar un circuito que involucraba a los juzgados de Menores, la Policía y los hogares de internación; y pensar alternativas donde la institucionalización del niño en un hogar sea el último recurso.

La norma provincial plantea, además, un cambio de competencias en el nivel judicial. Ya no son más los jueces de Menores los que intervienen en las causas civiles, sino que son los jueces de Familia.

El sistema de protección integral es el conjunto de políticas que consideran a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, en un sentido abarcativo de los mismos y a lo largo de todo su crecimiento. Asimismo, define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación a los derechos universales y especiales por su condición de personas en desarrollo.

En la base de ese sistema se encuentra el conjunto de políticas públicas básicas y universales, que definen la concepción del niño /a o adolescente como sujeto de derechos; las políticas necesarias para su pleno desarrollo: educación, salud, desarrollo social, cultura, recreación, juego, participación ciudadana; y la garantía estatal para el pleno acceso a las mismas, la prioridad en la atención y la permanencia en ellas a lo largo de todo su crecimiento.