Ley Penal Juvenil: la norma nacional bajo el prisma de la reforma provincial

Este 5 de septiembre entrará en vigencia en todo el país la ley 27.801 que, entre otros aspectos, baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Desde el gobierno santafesino expresaron que “la provincia está preparada” para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que el Senado nacional convirtió en ley a fines de febrero pasado.

El Litoral consultó a Juan Cruz Giménez, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, quien marcó diferencias entre el proceso que siguió la Nación y el que viene sosteniendo la Provincia en la última década. En ese sentido, sostuvo que “a algunas provincias las encuentra mejor paradas” la aplicación del nuevo régimen nacional.

-¿A Santa Fe cómo la encuentra?

-La Provincia hizo una tarea previa y comenzó un proceso de reforma de la justicia juvenil que culminó con la sanción en 2023 de la Ley 14.228 y su puesta en marcha en junio de 2025. En realidad la Provincia realizó a partir del año 2014 una reforma total del sistema de enjuiciamiento, pasando de uno inquisitivo a otro adversarial y acusatorio.

Se comenzó primero por la población adulta y en 2025 se puso en marcha la reforma para jóvenes y adolescentes, abandonando el modelo de justicia tutelar y jueces de menores.

La ley que finalmente se terminó aprobando, la 14.228, fue fruto del debate y el consenso de muchos proyectos de ley anteriores, que comenzaron a tratarse hace aproximadamente 10 años. Con lo cual, cuando finalmente fue sancionada, recibió la aprobación prácticamente de todos los operadores de la justicia juvenil.

Esto es muy diferente del proceso que ocurrió a nivel nacional dado que, si bien desde todos los ámbitos se reclamaba una reforma del Decreto Ley 22.278, lo que se terminó sancionando ha recibido muchas críticas de todos los sectores especializados en adolescencia y juventudes puesto que amplía notablemente la franja de punibilidad.

-¿Cómo podemos pensar las acciones de cuidado, preventivas, el enfoque social que debe tener esta temática?

-Debemos evitar una compartimentalización del abordaje. Pensar en acciones preventivas requiere, tal como este organismo viene planteando, del fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en todos sus sectores y en todos sus niveles. Es el enfoque que ordena tener todo el plexo normativo internacional en materia de justicia penal juvenil.

A su vez, en el marco de una situación que involucra la faz punitiva del Estado, es fundamental que se fortalezcan las intervenciones desde las áreas de niñez y adolescencia quiénes tienen a su cargo la implementación de políticas de cuidado, acciones preventivas y de garantía de acceso a derechos.

La justicia tiene que disponer de programas alternativos al encierro, tiene que garantizarse el derecho a la educación, la capacitación en oficios, el acceso a empleo, así como la atención en salud mental y consumos problemáticos en vistas a pensar qué sucede con las y los jóvenes (más aún si pensamos en la baja de la edad a 14 años) luego del tránsito por el sistema penal.

Por su parte, es preciso avanzar hacia enfoques restaurativos que permitan otra forma de abordar las situaciones de jóvenes en conflicto con la ley penal. Ahí es donde entendemos que la política pública provincial debe tomar ese eje con mucha más fuerza ampliando las acciones que den herramientas al Sistema de Justicia Juvenil para poder desplegar estrategias restaurativas.

Esto no significa que no se cumpla una sanción de pena, pero ésta no debería ser la única opción en caso de adolescentes, sino que también debe estar vinculada por una medida socioeducativa. El objetivo tiene que ser la responsabilización, la revinculación, la reinserción y también la reparación para las víctimas.

-¿Cuáles serían esas medidas restaurativas?

-El enfoque restaurativo tiene que ver con poner el eje en el conflicto subyacente más que en la sanción. En este conflicto se encuentra involucrada principalmente la víctima y también la comunidad donde sucede.

Entonces, una medida restaurativa tiene que lograr la reparación del daño ocasionado por el delito y la restauración del tejido social y comunitario, mediante un proceso de responsabilización del ofensor. No es algo que proceda en cualquier caso pero es importante intentarlo y contar con programas y equipos capacitados que puedan llevar a cabo estos procesos.

- La pregunta es si este nuevo enfoque de la ley nacional deja algún lugar a las Defensorías de NNyA. ¿O no están contempladas?

- La ley nacional no menciona a las Defensorías provinciales ni nacional. Ahí hay una clara diferencia, porque la ley provincial 14.228 expresa específicamente que la Defensoría Provincial de NNyA podrá tomar parte en estos procesos cuando sea convocada y especialmente en los procesos con adolescentes que no han alcanzado la edad de punibilidad.

La Defensoría tiene el rol de participar en el proceso y ese es un cambio importante que introduce esta ley provincial.

En este punto hay dos elementos que se contraponen a nivel nacional y provincial: uno es que por años no se ha designado Defensor del Pueblo nacional y que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional se encuentra acéfala. Eso es una gran deuda del Congreso Nacional.

En este sentido, para las seis provincias (a las que ahora se suma Tierra del Fuego) que integramos el Consejo Federal de Defensores y Defensoras especializados en niñez, si no tenemos el defensor o defensora nacional, el trabajo es muy complejo.

Y por otro lado, la Secretaría de Niñez a nivel nacional se ha desfinanciado y eso no ha pasado a nivel provincial, donde la política de Niñez se cuadruplicó.

Todos miran a Santa Fe, incluso los organismos especializados, porque ven que se ha hecho un buen trabajo con la reforma del proceso juvenil. Por otro lado, la provincia viene manteniendo una política de Estado que es el programa Nueva Oportunidad, específicamente destinado a adolescentes, adonde van más recursos.