Movimientos sociales e izquierda contra el FMI, pero con diferencias

Los movimientos sociales alineados con el oficialismo y las agrupaciones de izquierda que poseen presencia territorial salieron la semana pasada a las calles a manifestarse contra la misión del FMI que visitó el país y, con una consigna unificadora, denunciaron que “la verdadera deuda es con el pueblo”.

Sin embargo, en marchas y declaraciones públicas, los integrantes de estas organizaciones expusieron las diferencias que tienen con respecto a la apertura de más planes sociales, el incremento de haberes para los beneficiarios de estos programas y la creación de puestos de trabajos “genuinos”.

El miércoles pasado, la Plaza del Congreso fue el escenario de una multitudinaria movilización protagonizada por las organizaciones que componen el denominado “triunvirato de San Cayetano”, y que integran la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -en la que tiene una fuerte influencia el movimiento Evita- y Barrios de Pie.

Todas estas agrupaciones constituyen el núcleo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un sindicato que aspira a representar a los sectores laborales informales que nutren a los movimientos sociales.

En ese acto, que contó con la participación de otros movimientos sociales y agrupaciones políticas, se planteó la necesidad de “investigar el origen de la deuda” que se tomó durante la gestión de Mauricio Macri y se respaldó la postura con la que el gobierno nacional encarará las negociaciones ante los acreedores externos.

“Estamos en las calles una vez más para denunciar que el FMI fue cómplice del endeudamiento que se generó durante el gobierno de Macri y consideramos que antes de pagar debe generarse un proceso de inclusión social”, señaló a Télam el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, durante la movilización al Congreso.

Menéndez es hoy subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, y forma parta del Ejecutivo al igual que otros referentes de los “cayetanos”.

En otros puestos relevantes de la actual administración se encuentran Rafael Klejzer (del Movimiento “La Dignidad”) y Emilio Pérsico y Fernando ‘Chino’ Navarro, ambos del Movimiento Evita.

Diferencias

No obstante, desde estos movimientos, hay sectores que prefieren mantener una relativa independencia, tal es el caso de Juan Grabois, abogado con una buena relación con el papa Francisco y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que forma parte de la CTEP.

“Nosotros no hacemos un apoyo incondicional, tenemos una consigna muy clara que es el hambre o la deuda. Si la deuda se paga como quieren los acreedores el pueblo va a sufrir mucho, y eso no lo vamos a permitir”, remarcó Grabois.

Grabois, quien no tiene un cargo en el gobierno, sostuvo que las prioridades deben ser “el trabajo, la tierra, el techo y la comida” para los sectores populares, y “después debe venir todo lo demás”, planteó la necesidad de “revisar” la forma en la cual se gestó el endeudamiento del país entre 2016 y 2019.

Manifestaciones

El martes pasado, el Polo Obrero, y otros grupos que integran el denominado “Frente Piquetero” -que se movilizaron a Plaza Congreso-, marcharon hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la apertura de planes sociales y una mayor provisión de alimentos para los comedores que administran.

Tras cortar la Avenida 9 de Julio durante el mediodía, los referentes del Frente recibieron la promesa por parte de los funcionarios de Desarrollo Social que tendrían en los “próximos días” una reunión con el ministro Daniel Arroyo para analizar estas demandas.

“Creemos que más que una emergencia, hay en realidad un ajuste sobre la ayuda social. La Tarjeta Alimentar no llega a todos y garantiza nada más que 3 pesos por día. Seguimos teniendo problemas para que los alimentos lleguen a nuestros comedores”, le indicó a Télam Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

En ese sentido, el referente de esta agrupación que forma parte de Partido Obrero (PO) sostuvo que el Plan Jefes y Jefas tuvo “un aumento del 25% de sus haberes contra un 56% de la inflación que se registró en alimentos en 2019”.

“Vamos a ver qué pasa en la reunión que tendremos con Arroyo, pero si no obtenemos respuestas, es posible que realicemos un plan de lucha organizado que termine en una permanencia o acampe”, advirtió.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) estuvo el martes en la protesta ante Desarrollo Social y se sumó a la marcha del miércoles a Plaza Congreso, pero Marianela Navarro, una de las coordinadoras de esta organización, aclaró que las organizaciones que la integran “mantendrán la independencia” en relación al gobierno.

“Creemos que debe darse un aumento salarial para los beneficiarios de los planes y crear trabajo genuino. Vamos a seguir en las calles peleando con estas demandas y diciendo que la deuda es con el pueblo”, subrayó.

>> Buscan como postergar pagos y bajar intereses

El Ministerio de Economía buscará postergar los vencimientos y reducir intereses de bonos por unos US$ 100.000 millones, un tercio de la deuda total del país, con el objetivo de tener las manos libres para aplicar un plan de reactivación económica.

A eso se sumará la renegociación con el FMI por una deuda de unos US$ 44.000 millones, trascendió de fuentes ligadas a la negociación de deuda.

El objetivo es reducir la presión que significaría tener que afrontar vencimientos muy altos durante los próximos años, y volver a pagar recién en 2023.
El Gobierno buscará estirar los plazos de pagos entre 3 y 4 años para el capital, y aplicar una quita para los intereses.

La cantidad de títulos en mano de los bonistas son unos 35 y en Economía estiman que la mitad está en poder de los principales fondos de inversión, como Templeton, Pimco, Blackrock y Ashmore.

Según un informe de la consultora ACM, hay US$ 105.000 millones de bonos en moneda extranjera, casi un tercio de la deuda pública bruta, que en enero fue de US$ 324.449 millones.

La entidad dijo que son 34 títulos: 17 emitidos entre 2016 y 2018 bajo ley extranjera, 6 en los canjes de 2005 y 2010 - también bajo ley extranjera-, y 11 bajo ley nacional.

Los montos para cada período son: US$ 41.548 millones, US$ 33.502 millones y US$ 30.352 millones, respectivamente. ACM proyectó que los bonos ya reestructurados (como el Par y el Discount) quedarían fuera del canje.

La Argentina enfrenta vencimientos de bonos en dólares por US$ 9.800 millones en 2020, de los cuales el 47% poseen legislación extranjera, según un reporte de la Fundación Capital.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya le anticipó a los acreedores que se preparen para una “frustración”, adelantando que se propondrá una fuerte quita de intereses.

Guzmán considera que los bonos emitidos en dólares durante el Gobierno de Macri devengan cupones más altos y es lo que vuelve insostenible la dinámica fiscal. Macri emitió 17 bonos en dólares a tasas consideradas altas y plazos cortos: son los que serían reestructurados.