A horas de que sesione la Cámara de Senadores, en la última semana apta para aceptar o rechazar dos vetos del Poder Ejecutivo, persisten las dudas y los negociaciones para definir qué pasará con dos leyes relevantes para la provincia de Santa Fe.
Fuerte consenso en la Cámara alta para que sea confirmada la norma que dispone nuevas incompatibilidades para los fiscales y los defensores públicos del fuero penal. En cambio, hay dudas en el quebrado justicialismo (y contradicciones internas) respecto de la creación de mecanismos de transparencia y regulación de los gastos reservados.
A horas de que sesione la Cámara de Senadores, en la última semana apta para aceptar o rechazar dos vetos del Poder Ejecutivo, persisten las dudas y los negociaciones para definir qué pasará con dos leyes relevantes para la provincia de Santa Fe.
En un caso se agregan exigencias a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en el otro se regula y transparentan las llamadas cajas negras de los gastos reservados, con rendiciones de cuentas y controles que no obstaculicen sus fines en materia de seguridad, sobre los tres poderes.
Ambas fueron calificadas por la prensa como "leyes anti Sain" y fueron vetadas por el gobernador Omar Perotti. La subsistencia de ese rechazo del titular del Poder Ejecutivo tras la salida de su ex ministro de Seguridad demuestra que se trata de normas bastante más importantes que la contingencia de una persona en un cargo.
En pocas palabras, en el Senado se hablaba antes del mediodía de este jueves 27 de una certeza y una duda. La primera indica que subsistirá la ley que perfecciona las leyes vigentes sobre los nuevos institutos penales. Sain ha vuelto a su cargo en el Organismo de Investigaciones que no dejó para ser al mismo tiempo ministro: habrá que ver si una norma de este tipo puede tener efectos retroactivos legales o qué lectura política se hace de la norma dentro del MPA que ya vivió un estado de pronunciamientos y quejas por ese tema.
Las negociaciones y las dudas se presentan con los límites que –para todos los poderes- se crean en materia de gastos reservados.
El justicialismo del Senado no tiene un interbloque. Está quebrado en seis y seis, con los legisladores del Nes encabezado por Armando Traferri (San Lorenzo) por un lado y los de Lealtad presididos por Alcides Calvo (Castellanos) por el otro.
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El radicalismo en cambio sí posee un interbloque de siete votos que lidera Felipe Michlig (San Cristóbal) y junto con otros ocho pares peronistas habían votado las dos leyes que Perotti no quiere, con quince votos en total porque a ambos grupos (con los que se llega a los dos tercios) se sumaron Eduardo Rosconi y Cristina Berra que por entonces había quedado en una suerte de tercera posición que terminó antes del primero de mayo.
La mayoría de los 12 peronistas del Senado están deseosos de darle al gobierno provincial al menos un empate. Un veto rechazado por dos tercios en cada Cámara (con las incompatibilidades) y otro que quede firme (gastos reservados) con algún mecanismo que disimule que ahora no se apoye lo que el año pasado se votó.
El problema es que para arreglar un empate los peronistas del Nes quieren algún gesto de aceptación de esa estrategia desde la Casa Gris, incluso para involucrar a los radicales en la redacción de una nueva ley sobre el tema.
Los funcionarios del Ejecutivo que buscan el diálogo muestran en ocasiones esa disposición, pero otras no pueden hacerlo porque quedan desautorizados desde arriba. Las posiciones de máxima de la Casa Gris son la principal dificultad para esa chance. Y los deseos de que mejoren los vínculos entre el gobierno de su partido y los senadores del Nes su principal impulso.
La sesión está convocada para las 15 horas y para abordar el asunto que tiene acuerdo: que ex funcionarios del Ejecutivo no puedan pasarse sin más vueltas a la Justicia (lo que ocurrió durante gobiernos del Frente Progresista y no se quiere en adelante) depende de Diputados. Ese expediente está en la Cámara baja y tiene altas chances de que la oposición logre la mayoría especial para rechazar el veto.
En cambio, el mensaje sobre la ley de gastos reservados tiene como Cámara de origen al Senado y sus dudas dentro del PJ.