Nuevo Código Procesal Civil y Comercial y otros siete mensajes a Diputados

Mario Cáffaro | [email protected]

El Poder Ejecutivo remitió a Legislatura -vía Cámara de Diputados- el mensaje con el texto propuesto para el futuro Código Procesal Civil y Comercial y otros siete proyectos algunos para reformar leyes vigentes y otros para crear nuevos institutos que acompañen el funcionamiento del fuero. Los ocho proyectos llevan las firmas del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein.

El paquete de proyectos es fruto del trabajo de la comisión técnica especializada para el nuevo Código convocada por el Poder Ejecutivo y que coordinó Angel Garrote. El equipo de trabajo tuvo la presencia de representantes de las dos cámaras legislativas, de la Corte Suprema de Justicia; de los colegios de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y de Abogados; Sindicato de Trabajadores Judiciales y de las universidades del Litoral, de Rosario, Católicas de Rosario y Santa Fe, entre otras instituciones públicas y privadas.

Los ocho mensajes tendrán ingreso formal este jueves en la reanudación del período Ordinario de Legislatura tras el receso invernal. El propósito del ministro Silberstein es reunirse con las comisiones que discutirán los proyectos para evacuar dudas y avanzar en el tratamiento.

“Luego de sancionada e implementada una reforma sistemática del sistema de enjuiciamiento penal, es ahora el momento de abordar uno de los compromisos pendientes de reformas judiciales que tiene la provincia de Santa Fe: el proceso civil y comercial” señala el mensaje en el inicio de sus considerandos. Se reconoce que “la moderna doctrina procesal ha encaminado su atención en los últimos tiempos a concebir un proceso humanizado, congruente con la realidad de los justiciable y próximo a sus requerimientos, pretendiendo impregnar al mismo de principios e institutos que lo doten de suficiente idoneidad para obtener la efectiva y justa composición real de los conflictos”.

Más adelante, señala el Ejecutivo que “el enfoque no debe limitarse a que las causas terminen velozmente o que se utilice cualquier recurso para ello, sino también abarcar especialmente reformas que mejoren esencialmente el servicio de justicia y que la tutela material y efectiva de los derechos, que no llega exclusivamente con las sentencias de fondo en los procesos de conocimiento amplio, se constituya definitivamente como el eje del sistema”.

En veinte carillas se explica el funcionamiento de la comisión y los objetivos trazados en el proyecto. Se señala que el proyecto “recepta todas las voces de los interesados en el quehacer de la justicia civil y comercial, concilia posiciones jurídicas y filosóficas aparentemente antagónicas pero consolidadas funcionalmente, sin perder como objetivo central su coherencia sistémica”. Sobre el final señala que la coherencia está ordenada en base a la funcionalidad constitucional y legal de sus normas, operatividad efectiva de pautas sobre acceso a la justicia, reforzamiento de las facultades judiciales, optimización de los recursos, mejoramiento en la gestión; estandarización de los trámites, implementación práctica de los principios y reglas en orden a los procesos que lo requieren, aprovechamiento de los medios tecnológicos, poderes tuitivos y cautelares vigorizados, aprovechamiento y reorganización de recursos y mejoramiento de los sistemas de desjudicialización.

Los otros proyectos

Además del Código, el Poder Ejecutivo remitió los siguientes mensajes:

* Reforma de la ley 11.529 de violencia familiar: modificando el artículo 5 sobre medidas autosatisfactivas e incorporando el 5 bis.

* Reforma de la ley 13.093 que regula el Registro Único de Aspirantes a guardas con fines adoptivos (Ruaga). Es una nueva redacción del artículo 15 de la norma

* Establece el procedimiento para la aplicación de los Convenios de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores firmada en Montevideo en 1989

* Modificación parcial de la ley 12.967 sobre protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

* Reforma parcial de la ley 13.151 que estableció el mecanismo de mediación prejudicial obligatoria en el fuero civil y comercial.

* Prorroga por un año de las designaciones de los jueces subrogantes con aval legislativo.

* Creación del Registro Provincial de Abogados y Abogadas para personas en situación de vulnerabilidad comprendidas en las normas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Suspensión

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, pidió suspender la reunión prevista para hoy con integrantes de la Cámara de Diputados, cuerpo que lo había convocado para conocer la marcha de la negociación entre Santa Fe y el gobierno nacional para el pago de la deuda contraída por el gobierno federal como consecuencia del fallo de noviembre de 2015 de la Corte Suprema de Justicia.

Saglione iba a concurrir con el Fiscal de Estado, Pablo Saccone, a la presidencia de Diputados pero el encuentro fue suspendido en las primeras horas de la tarde de ayer debido a que el titular de Economía permanece en CABA por gestiones sobre el ajuste presupuestario 2019.

Agenda

Diputados tiene como preferencia para este jueves el proyecto de ley para reglamentar los juicios por jurados en la provincia. En las dos últimas sesiones el tema viene difiriéndose por diferencias en el seno del Frente Progresista en la redacción de dos artículos. Desde la bancada socialista se insistió en señalar que el propósito es darle media sanción este jueves al proyecto.

En tanto, la Comisión de Educación sigue con la discusión de los proyectos de reforma constitucional reservando la jornada de este viernes a los gremios educativos, invitación que fue extendida a Upcn y ATE.

Campo San Pedro

La Cámara de Diputados adhirió a la solicitud realizada por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe con respecto a la conservación del Campo San Pedro, declarado centro de memoria. A través de una declaración, presentado por la Comisión de Derechos y Garantías, la Cámara Baja manifestó su oposición a que el predio sea utilizado nuevamente como un espacio de entrenamiento de las fuerzas militares e instó a que se desarrollen actividades de capacitación de los antropólogos forenses.

La iniciativa busca asegurar que este lugar, situado a 40 kilómetros al norte de esta capital, sea resguardado, como así también que se destinen los medios necesarios para continuar con las investigaciones y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos de las víctimas que fueron enterradas allí durante la última dictadura. En 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense halló en una fosa común los restos de ocho jóvenes asesinados en 1977.