Desde el gobierno nacional se dictó el Decreto 353/2025, que establece un plan integral para simplificar y desregular los trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes, en línea con compromisos internacionales asumidos por Argentina.
Boletín
Oficializaron la disminución y simplificación para trámites de inversión y adquisición de bienes
El mismo fue publicado este viernes 23 de mayo en el Boletín Oficial de Nación y cuenta con las rúbricas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina”, establece el artículo 1 del decreto.
El documento agrega que el sistema tributario argentino presenta una alta concentración, donde solo 10.000 grandes contribuyentes aportaron el 80% de la recaudación en 2024.
Esta situación, sumada a una elevada carga fiscal durante más de 40 años, fomentó la informalidad económica como mecanismo de subsistencia y generó inequidades que limitan el desarrollo nacional, consideró la administración de Javier Milei.
El decreto destaca que “la simplificación tributaria se presenta como una herramienta esencial para revertir esta dinámica, al reducir la presión fiscal formal, disminuir los costos administrativos y fomentar la regularización de las actividades económicas”.
Por otra parte, se crea el Sistema de Finanzas Abiertas, que permitirá a personas y empresas compartir información financiera con entidades del sistema financiero, con su consentimiento expreso, para facilitar el desarrollo del crédito, la competencia y la inclusión financiera.
El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación del sistema y definirá sus parámetros técnicos.
Finalmente, se aclara que las disposiciones no eximen a los sujetos de cumplir con las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y que el manejo de la información protegida por secreto fiscal estará sujeto a las normas dictadas por el Banco Central y la Agencia de Recaudación.
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