Ordenan la suspensión de la mina Veladero y allanamientos a la planta

Telam

El juez de la localidad sanjuanina de Jáchal, Pablo Ortija dispuso la suspensión de las actividades de la mina Veladero hasta que la operadora Barrick cumpla con una serie de obras que "evite nuevos riesgos para la población y el medio ambiente" y supeditó el eventual levantamiento de la suspensión a una nueva inspección.

El magistrado de la Justicia sanjuanina, que es el mismo que entiende en el derrame ocurrido en setiembre del año pasado, ordenó además allanamientos a la planta y la identificación del personal y ejecutivos que estaban a cargo de la mina el día del derrame.

La resolución de Ortija se concretó al hacer lugar a la denuncia de un vecino jachalero José Oscar Torres, del Fiscal de Estado de San Juan en nombre del gobierno, Guillermo De Sanctis y del Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de San Juan Ricardo Berenguel

La medida, que incluye una pericia técnica del lugar donde se produjo el derrame, se suma a la suspensión transitoria de la explotación de la mina de oro ya dispuesta la semana pasada por el gobernador Sergio Uñac y a la presentación del ministro de Ambiente de la Nación Sergio Bergman ante la justicia federal de San Juan.

En esa presentación, Bergman pidió que la Justicia Federal de San Juan investigue las responsabilidades de Barrick Gold y de los organismos de control, al tiempo que solicitó que se determine si fallaron los protocolos de actuación a raíz de las fallas en la comunicación del derrame. El juez no precisó el periodo en que los trabajos de cianuración y extracción de oro y plata de la mina Veladero estarán detenidos, sino que la parálisis será hasta que Barrick cumpla con una serie de trabajos de prevención ordenados por la autoridad minera provincial y supeditó el eventual levantamiento de la suspensión a una nueva inspección que ordenará oportunamente.

El magistrado solicitó una pericia técnica y un informe sobre la actuación en relación al desacople del caño que transporta solución sobre el valle de lixiviación.El objetivo de esta medida es "para determinar cómo se habría originado el derrame cuáles pueden ser los motivos que lo produjeron, en qué consistió la falla mecánica que produjo el hecho, el tiempo útil del funcionamiento del caño, si se encontraba vencido, si hubo falta de mantenimiento y si debió ser sustituido", entre otras cosas.

Ortija ordenó además el allanamiento de la mina para secuestrar todo efecto u elemento que tenga directa o indirecta relación al derrame, en tanto que le pidió a la Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA), subsidiaria argentina de Barrick Gold, una serie de documentación y la identificación del personal y ejecutivos que estaban a cargo de la mina el día del incidente.

El juez entiende que el derrame de material húmedo que estuvo en contacto con el cianuro se debió "posiblemente por encontrarse la berma de contención por debajo de lo indicado por la autoridad minera", lo que eventualmente "produjo la saturación de mineral, lo que llevó a un derrame fuera de la zona de contención del mencionado valle". Oritja no habla de que hubiera líquido cianurado que pudo escapar de la zona protegida, pero considera que "es necesario investigar porque el incidente pudo haber comprometido prima facie, la salud pública y el medio ambiente por envenenamiento o contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, conforme a la Ley 24.051".

En su extensa resolución, Ortija ordena a Barrick presentar en forma urgente una serie de documentación relacionada con las "registraciones que dan cuenta de las novedades producidas desde el día 7 de Septiembre del año 2016, al día de la fecha". También requiere "la nómina de personas responsables que se encontraban de turno (autoridades y técnicas), en cualquier tipo de tarea, a campo o administrativa y el manual de funciones y Protocolos de Actuación de cada una de las personas que cumplen tareas en la zona donde se produjo el hecho que se pretende investigar".

Dispone además una "pericia técnica sobre el caño corrugado de 18¿de diámetro que transportaba solución por gravedad, emplazado en el valle de lixiviación".

Estas medidas son para determinar "cómo se habría producido el posible desacople del caño, para lo que designó a un perito ingeniero mecánico del Instituto de Mecánica Aplicada dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Dispuso además que un grupo de auxiliares, que aún no designó, pero entre quienes habrá ingenieros, mecánicos, administrativos y funcionarios judiciales, realice un allanamiento a la mina Veladero custodiados por efectivos de Gendarmería Nacional.