El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro de 12 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). "El salario es una contraprestación y el que no trabaja, no cobra", dijo.
El 24 de enero
El gobierno nacional descontará el día a estatales que adhieran al paro de la CGT
Lo confirmó este jueves el vocero presidencial. Desde Seguridad advirtieron que ese día se aplicará el protocolo para impedir cortes de calles y rutas.
Además, el vocero declaró: "Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro", porque "no nos terminan de quedar claros". A la vez, recordó que está vigente la línea telefónica gratuita para realizar denuncias anónimas por parte de quienes se consideren "extorsionados, amenazados o que sientan alguna situación que los obligue a parar".
"Aquí no existe razón para el paro o al menos las explicaciones de por qué son casi infantiles: es para voltear tal o cual cosa", dijo cuando se le preguntó si el gobierno consideraba ilegal la medida de fuerza ratificada por la CGT. "En cuanto a términos jurídicos, llegado el caso habrá novedades", anticipó.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno implementará el protocolo elaborado para impedir los cortes de calles y rutas en las manifestaciones de protestas cuando el miércoles próximo la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilice al Congreso Nacional con motivo de la huelga de 12 horas convocada para rechazar las reformas económicos planteadas por el presidente, Javier Milei.
Bullrich dijo que el Ministerio a su cargo "seguirá adelante con el protocolo para que el país viva en orden" y que "la calle no sea un desastre".
Y agregó: "Argentina necesita orden económico y social en las calles para ser un país ordenado. Se van a encontrar con un gobierno que no va a ceder tan fácil", afirmó.
La aplicación del protocolo debutó con la movilización realizada el 20 de diciembre por organizaciones sociales, políticas y sindicales. Por el operativo de seguridad desplegado en esa jornada, el gobierno nacional "facturó" a las organizaciones un monto de 60 millones de pesos.
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