¿Qué pasó en 2017 en materia Política?

Fiestas electrónicas

Después de la tragedia

La muerte de dos jóvenes en la fiesta electrónica que se realizó el 31 de diciembre de 2016 en la ciudad de Arroyo Seco, por efecto del consumo de alcohol y drogas sintéticas, operó como detonante para que el gobierno provincial comience a tomar cartas en el asunto. Con la premisa de avanzar hacia una legislación que unifique criterios y establezca exigencias comunes para la organización de estos eventos, hubo reuniones de primer nivel ministerial con representantes de unos cuarenta municipios y comunas. El objetivo era avanzar en una regulación provincial, a través de un proyecto de ley.

Mientras tanto, y transcurrido un mes de la tragedia, el gobernador Miguel Lifschitz firmó un decreto donde exhortó a los municipios a obligar a la provisión de agua de manera gratuita en esos eventos, y crear un Registro Provincial de Empresarios habilitados para la realización y organización de eventos, con la idea de que allí se reporten las infracciones, sanciones, inhabilitaciones y hasta la eventual eliminación.

El caso Monticas
Transporte y control

La muerte de trece personas tras el accidente en la ruta 33 el 24 de febrero, por efecto de la colisión entre dos coches de Monticas motivó, una semana después, la decisión política de quitarle la concesión a la empresa para los trayectos que cumplían en ese corredor del sur provincial.

El decreto incluyó como argumento de la decisión las “constataciones realizadas por el personal de inspección” de la propia Subsecretaría de Transporte, que verificó “reiterados incumplimientos a la normativa vigente”, y “deficiencias en la prestación de todos los servicios de la empresa”. Y se menciona: “incumplimiento de servicios y horarios, utilización de unidades no matriculadas y problemas de funcionamiento de las unidades en cuanto a confort y estado en general del coche”.

A partir de este caso, el gobierno anunció una serie de medidas a corto y mediano plazo tendientes a mejorar el transporte público interurbano de pasajeros de la provincia de Santa Fe. Éstas incluyen, entre otros puntos, el llamado a concurso para cubrir los servicios de las rutas 9 y 33, créditos para la renovación de unidades, aumento de los controles, monitoreo por GPS y una nueva ley de transporte.

Reforma constitucional
Construir consenso

“2018 es el año de la reforma constitucional, o no será en mi mandato”. Así lo resumió el gobernador Miguel Lifschitz a El Litoral, a la vez que estableció que la única manera en que se avance al respecto es con el “más amplio consenso”.

Durante todo el año se sucedieron encuentros, reuniones y conversaciones con la sociedad civil, gremios, universidades, el Consejo Económico y Social, la Mesa del Diálogo Social y distintas ONGs.

Las cuestiones involucran un amplio abanico, tendiente entre otras cosas a incorporar los preceptos de la reforma nacional de 1994, y diversos institutos que rigen en la provincia, pero que no tienen base constitucional. Sin embargo, el tema que concentra -y desata- el debate político es la posibilidad de la reelección del gobernador que, a diferencia de iniciativas anteriores, en este caso no excluye al actual mandatario.

Elecciones
La ola amarilla

La coalición Cambiemos ganó las elecciones generales con el 40,7 % en todo el país y superó los diez millones de votos, mientras que, al triunfar en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, logró quedarse con los cincos mayores distritos del país, empatando así el récord en elecciones de medio término, de 1985, que alcanzó la UCR de Raúl Alfonsín.

El triunfo más emblemático fue el de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% del padrón nacional y en donde Cambiemos trepó en la lista para senadores nacionales 6 puntos con respecto a las Paso, llegando al 41,38 % y superando a Cristina Kirchner, la gran rival nacionalizada, por cuatro puntos, con un candidato tan poco competitivo por sí mismo como Esteban Bullrich.

Al sumar a Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, Cambiemos logró alcanzar el récord histórico que hasta ahora solamente ostentaba el alfonsinismo, al triunfar la Casa Rosada en las cinco provincias más pobladas del país en una elección de medio término, algo que no sucedía desde 1985.

Santa Fe también se sumó a la ola amarilla -después de que el Frente Justicialista obtuviera más votos en las Paso- y Cambiemos ganó la elección de diputados nacionales, lo que le permitió lograr cinco bancas por los próximos cuatro años. El peronismo se quedó con tres y el oficialista Frente Progresista, en una formidable debacle que atribuyó a la nacionalización del comicio, con la restante.
El holgado triunfo de Cambiemos fue posible por el

respaldo logrado en casi todos los departamentos y especialmente los dos más poblados, Rosario y La Capital. El justicialismo logró ganar en el departamento con menos votantes (Garay), así como en San Javier y Vera, mientras que el Frente Progresista cayó estrepitosamente en Rosario y sólo pudo imponerse en San Cristóbal, aunque logró buenos resultados en municipios y comunas de toda la provincia y especialmente en La Capital.

Cambios en el gabinete
El factor político

Más allá de los resultados electorales, el trámite previo generó tensiones y encontronazos entre el socialismo y la conducción de la UCR, volcada a la coalición con el macrismo y rivales en las urnas. Si bien el radicalismo en este caso encontró una fórmula de “libertad de acción” que permitió a sus integrantes jugar en uno u otro espacio -para evitar la ruptura-, anticipó que para 2019 se apuntará a una estrategia unificada. En tanto, el resentido Frente Progresista propicia una reformulación, que se convirtió en eje del debate político en el último tramo del año.

En este contexto, el gobernador Miguel Lifschitz produjo cambios en su gabinete que, por un lado, subsanaron ausencias derivadas de la asunción de cargos electivos -Contigiani al Congreso y Miguel González al Senado provincial, en reemplazo de Jatón- y, por el otro, produjeron el relevo de ministros pertenecientes a sectores de la UCR alineados a Cambiemos: Julio Schneider y Eduardo Matozo.

La movida produjo la incorporación de tres mujeres: Andrea Uboldi en el Ministerio de Salud, la saliente diputada nacional Alicia Ciciliani en Producción y Erica Hynes en Ciencia y Tecnología, mientras que Pedro Morini pasó a encabezar el Ministerio de Obras Públicas.

Nuevo edificio para el Instituto 12
Con casa propia

Después de años de reclamos y brega constante, la comunidad del Instituto Superior Nº 12 Gastón Gori pudo ver el 13 de septiembre la inauguración de su nuevo edificio, ubicado en 9 de Julio 1756, con un acto emotivo e impactante.
La provincia invirtió más de 60 millones de pesos en la remodelación del edificio en el que funcionaba con anterioridad el Instituto de Seguridad Pública de la provincia.

El proyecto integra las partes antiguas del edificio y la nueva construcción de cuatro pisos. Las obras comprendieron la recuperación de la estructura antigua existente más un nuevo edificio con planta baja y cuatro pisos para el desarrollo de las actividades de esa casa de estudios, donde se cursan Comunicación Social, Locución, Ambientación y Decoración de Interiores, Bibliotecología, Archivística y Museología.

Durante décadas, el Instituto 12 funcionó en horario nocturno en las instalaciones de la escuela Beleno, en Saavedra y Salvador Caputto.

Fiscales y defensores
Vigilantes bajo vigilancia

El nuevo sistema procesal penal de la provincia tuvo este año su primer recambio, en reemplazo del “fundador” Julio de Olazábal al frente del Ministerio Público de la Acusación, y el controvertido y combatido Gabriel Ganón en el Servicio de Defensa. Este año asumieron en esos cargos, respectivamente, Jorge Baclini y Jaquelina Balangione.

Pero la tarea de los fiscales estuvo especialmente en el centro del debate a partir de una serie de hechos emblemáticos, con impacto directo sobre las instituciones políticas: el allanamiento a oficinas de la Municipalidad, la detención y arresto del jefe de Policía de Rafaela, y sobre todo la polémica intercepción de la línea telefónica del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y la difusión pública de las “escuchas” resultantes.

La preocupación por estos avances considerados indebidos motivó la sanción legislativa de un mecanismo disciplinario y de control, que permite desplazar por voto mayoritario a los fiscales y defensores. La norma, que luego de algunas dudas no fue vetada por el gobernador, fue considerada inconstitucional por diversas asociaciones de abogados y magistrados, y orgánicamente por los propios fiscales y defensores, que anticiparon planteos de inconstitucionalidad.

Ley de Educación
Acuerdos y disensos

Con un masivo acto en la explanada de la Legislatura, el gobernador presentó el 5 de diciembre el proyecto de Ley Provincial de Educación, de la que Santa Fe carece. Lifschitz destacó los dos años de consultas y trabajo de consenso con docentes, miembros de la comunidad educativa, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Entre otras disposiciones de la extensa normativa, el proyecto estipula la educación obligatoria desde los cuatro años hasta el final de la secundaria, incluye nuevas modalidades y transforma otras, crea un instituto de formación docente continua, establece instancias de participación y prevé formación en ciudadanía y educación sexual.

Sin embargo, la iniciativa divide aguas en el sector político, y se desmarca del trabajo llevado a cabo por distintos diputados, que habían conciliado sus propios proyectos y se lo habían entregado a la ministra de Educación. También deja de lado la discusión de una ley específica en materia de Educación Sexual, reclamada desde distintos sectores. El debate sin duda será intenso en 2018.

TAMBIÉN PASÓ

Coparticipación

La deuda de la Nación con Santa Fe por los descuentos indebidos de coparticipación durante el kirchnerismo fue tema de negociaciones, cruces y pulseadas políticas, y hasta una nueva presentación judicial de la provincia. La formulación de una propuesta de pago formó parte del acuerdo para avalar el pacto fiscal, y ahora se habla de la emisión de un bono.

No al cierre dominical

Luego de un largo y ajetreado trámite, la Corte Suprema de la provincia declaró inconstitucional la ley que obliga a cerrar los domingos a los supermercados de grandes superficies, por lo que las cadenas de Rosario, Santo Tomé, Rafaela y Reconquista, que batallaron judicialmente contra la disposición, quedaron habilitadas para abrir normalmente sus puertas en esos días.

Autopista

El año 2017 le puso un límite a la explotación privada de la autopista Santa Fe-Rosario. Después de una concesión a cargo de la empresa Arssa que terminó de manera escandalosa; después de que fracasara una licitación para intentar volver a dejar a terceros en la administración, el gobernador Miguel Lifschitz resolvió que fuese la provincia a través de un fideicomiso administrado por el Banco Municipal de Rosario, quien se hiciese cargo del corredor. Aún resta conocer los resultados de una auditoría que debe determinar si fue correcta la decisión de rescindir de manera consensuada el contrato con la última concesionaria.

Procesamientos y detenciones
Los K en Tribunales

Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, Julio De Vido, Carlos Zannini y Ricardo Jaime encabezan la nómina de funcionarios procesados por casos de corrupción durante la gestión kirchnerista -sobre todo vinculados a los contratos de obra pública-, que incluye también a empresarios y dirigentes sociales, muchos de ellos detenidos, y algunos tan emblemáticos como Lázaro Báez. La lista se amplía con los involucrados en la acusación por la firma del memorándum con Irán referido al atentado a la Amia, e incluso con violaciones a los derechos humanos, como en el caso del ex jefe del Ejército, César Milani.

Durante todo el año, fue incesante el desfile por Tribunales, la sucesión de novedades procesales -previstas e inesperadas-, junto a la circulación de imágenes de alto impacto de los traslados y detenciones, y las alocuciones públicas de la ex presidente y actual senadora, cargando contra la “persecución judicial”.

Santiago Maldonado
Dolor y manipulación

La desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1º de agosto durante una protesta mapuche en Chubut que fue reprimida por la Gendarmería Nacional, mantuvo en vilo al país. Movilizaciones, acusaciones contra el gobierno, y la frenética circulación de especulaciones infundadas, versiones contradictorias y el repique indiscriminado de noticias abiertamente falsas, convirtieron al caso en emblemático de las diferencias y enfrentamientos ideológicos que dividen a la sociedad argentina, como también de las prácticas que vician el debate y el manejo de la información. El cuerpo fue encontrado el 17 de octubre y el informe pericial, en el que participaron todas las partes interesadas, concluyó de manera unánime en que “Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia”, que “no hubo arrastre, ni sujeción”, y que “el cuerpo no tenía golpes o lesiones” ni “marcas de haber estado atado o haber sido arrastrado”. La causa sigue caratulada como “desaparición forzada”.

La calle y el Congreso
Reformas y violencia

El espaldarazo electoral recibido en octubre decidió al gobierno nacional a avanzar en una serie de reformas estructurales, que tomaron forma en función de un acuerdo con los gobernadores y sobre las cuales la gestión de Cambiemos espera sentar las bases para recomponer la economía.

El consenso sobre la distribución de recursos, el compromiso de responsabilidad fiscal, la reforma tributaria y los cambios al sistema previsional obtuvieron el respaldo del Congreso, aunque la discusión sobre el tema jubilatorio se vio jalonada por la interrupción de sesiones en la Cámara de Diputados -fogoneada por el kirchnerismo, el massismo y la izquierda- y la violencia desatada en la plaza.

TAMBIEN PASÓ

Relevo episcopal

El arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, culminó su mandato en la conducción de la Iglesia argentina, donde fue reemplazado por monseñor Jorge Ojea. Arancedo continúa como obispo de Santa Fe, aunque pronto a retirarse por jubilación.

Gils Carbó se va

La procuradora general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Alejandra Gils Carbó, fuertemente cuestionada por el gobierno, elevó la renuncia a su cargo, que se hará efectiva en el primer minuto de 2018. Aún no se conoce a quién se propondrá como su reemplazante.

2x1 a represores

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El 3 de mayo, en un fallo por mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró aplicable el 2x1 en el cómputo de la prisión para un condenado por delitos de lesa humanidad, con base en los tratados internacionales que disponen aplicar la ley más benigna.

Las manifestaciones de repudio se concentraron en Plaza de Mayo y se reprodujeron en todo el país. En trámite express, el Congreso votó una ley para que el beneficio no se aplique en esos casos.