Luis Rodrigo - [email protected]
Oscar Pintos nunca fue un integrante más del Directorio del Enress. Ahora lo preside (tras un muy comentado enroque por Alberto Muñoz, decidido por el gobernador Antonio Bonfatti) pero su actuación en el ente de control era muy conocida. Como vicepresidente compartió con Muñoz la presidencia de las Audiencias Públicas en las que se discutieron tarifas, y -entre otras actividades públicas- es desde mayo el presidente de Aferas, el organismo federal que reúne a otros entes como el Enress de todo el país.
Pintos no duda: se mantendrá el perfil independiente del ente. Y recuerda que cada resolución relevante que ha tomado el Directorio contó con la unanimidad de las firmas.
Pintos renueva el impulso que se le ha dado en la Legislatura a un proyecto de ley -elaborado por el Ente- para que se transforme el marco regulatorio vigente, que fue pensado para otro momento, cuando se privatizaron el agua y las cloacas en los ’90.
“El Directorio fue designado entre fines de 2009 y principios de 2010. Desde entonces, siempre trabajamos en grupo, con un muy alto grado de comunicación entre los directores y con las distintas gerencias. Nos importó generar cierta sinergia, en su criterio técnico porque es finalmente el Directorio el que da el criterio político”, grafica.
“Presidir al Enress es un honor. Y de ninguna manera modifica mi pensamiento de siempre, lo mismo que el comportamiento de siempre de este Directorio. Es algo que puede comprobarse en cada instancia en que hemos tenido que expedirnos”, menciona Pintos.
Sobre las audiencias públicas, expresa: “Siempre estuvimos todos los directores de acuerdo, en esa y en todas las innovaciones que hicimos para prestar más atención a los prestadores locales: todos hemos tirado del mismo carro, y en la misma dirección”.
Comenta que las diferencias “se saldaron con el debate”, porque “hemos tomado siempre decisiones que tienen un fundamento técnico; nunca discrecionalmente”.
El directorio “ha procurado garantizar la independencia del Enress, resguardar los derechos de los usuarios y procurar que se sostenga una armoniosa relación entre el Estado, el prestador y el usuario. No vamos a cambiar”.
Cambios
Para el titular del Enress hay aspectos de la 11.220 que no debería tocarse. Son los que hicieron que a lo largo de los años exista cierta autonomía del Enress, respecto del Ejecutivo, a partir de contar con sus propios recursos, de su especificidad, de que los miembros del directorio tengan acuerdo legislativo (“lo que además otorga una representación de mayorías y minorías, lo que permite más continuidad en las políticas”) y de que sea reconocida su capacidad técnica y profesional.
Rechaza la idea de construir un ente que además del agua y las cloacas regule otros servicios aunque recuerda que todo depende de la decisión que finalmente adopte el Legislativo. “Tener tantos servicios a cargo hace, seguramente, que el control resulte menos estricto”.
Derechos colectivos
El marco regulatorio fue hecho para otra instancia, cuando la empresa concesionaria era concesionada a una empresa privada. Pero los cambios a esa ley (hoy rige la 11.220) “deben ir más allá de atender esa nueva situación, debemos también enfocar la realidad de los prestadores locales y fundamentalmente establecer un criterio de incorporación a la ley de los derechos de los usuarios que hoy están previstos en la normativa pero aún no fueron desarrollados en la normativa”.
“Es fundamental llevar a la ley los antecedentes jurisprudenciales, que desde el Ente este Directorio siempre ha tomado como parte del plexo normativo, en favor del reconocimiento de los derechos colectivos”, señala.
Estos derechos están reconocidos en la ley para problemas ambientales pero los servicios sanitarios “todavía no han logrado ser instalados; aunque están contemplados en la jurisprudencia no están todavía en las tareas de la regulación”.
Pintos aclara que “no es una falencia únicamente de Santa Fe, es una realidad común en el país”. No se habla de los usuarios, de las comunidades, sino de el usuario.
Las inversiones en la infraestructura de los servicios de agua y de cloacas “son de tal magnitud que necesariamente se requiere de organismos de otra naturaleza (nacionales, provinciales o municipales, o través de programas que cuenten con financiación internacional) que las sustenten. Hoy, todo el mundo reconoce que la inversión necesaria en infraestructura para los servicios sanitarios es imposible de solventar con la tarifa”.
El dinero de los contribuyentes
“En Assa hay dinero de los contribuyentes, por lo tanto nuestro deber es velar porque esos recursos del Estado estén bien usados por la empresa. Cuando el prestador era privado no nos importaba cómo se gastaba sino si se hacía o no las obras si se prestaba o no el servicio, si se cumplía o no con los objetivos y las metas del contrato de prestación. En cambio ahora además, importa cómo se hace: es de interés del regulador controlar la calidad, la eficiencia, del gasto. Ya no es sólo el qué, también el cómo”, resume.
“Para nosotros, en el Enress, la contabilidad regulatoria es una herramienta, como existen otras que -en conjunto- nos permiten analizar la calidad del gasto. Cómo se está gastando. Ver las prioridades, ver si existe una buena conformación de costos, si hay previsión en las obras a realizar, si tiene trazado un camino, un plan”.
Así, el nuevo marco debe permitir “hacer prognosis sobre el prestador”. Se trata de “no hacer la autopsia, apenas estudiar el balance, cuando ya es tarde para remediar”, reflexiona.
En cambio, la contabilidad regulatoria y el análisis de la calidad del gasto “nos permiten hacer previsiones, señalar errores, mostrar que se requieren cambios, etc.”.





