El diputado provincial Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad, advirtió en declaraciones a El Litoral que la nueva reglamentación en materia de licencias para los policías que quieran participar en la vida política (en cualquiera de los tres Poderes) es en realidad “restrictiva” respecto de los derechos de los uniformados.
Explicó que durante su gestión extendió “alrededor de 20 licencias sin goce de sueldo entre el Servicio Penitenciario y la Policía Provincial”, para aquellos agentes que se sumaron a la vida política. Y explicó que “para otorgar la licencia se asimiló al policía a cualquier empleado de la administración central, donde este tipo de licencias están específicamente previstas”.
Pullaro observó que el decreto firmado por su sucesor, en cambio, contiene “un criterio restrictivo” con el llamado “policía de calle”, es decir, los uniformados comprendidos en el Escalafón General-Seguridad.
“Según nuestro criterio, esa reglamentacion resulta arbitraria. No existen motivos válidos que justifiquen coartar el derecho de participar en cargos políticos, ni de ocupar cargos electivos al personal policial del escalafón seguridad. Se están creando categorías dentro de la policía en desmedro del personal de calle”, aseguró.
Además, “tampoco resulta razonable que solo se autorice la licencia para ocupar un cargo en alguno de los poderes de la provincia, bien podrían participar en los gobiernos municipales o comunales. Siempre entendimos que esta licencia, al no estar prohibida ni en la Ley del Personal Policial ni en los reglamentos vigentes, podía ser concedida por aplicación de garantías constitucionales que amparan los derechos civiles de todos los ciudadanos, de hecho, se han concedido este tipo de licencias durante la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social”, agregó.
El Litoral difundió este viernes la nueva reglamentación de las licencias policiales contenida en el decreto número18, fechado el 10 de enero, que se publicó este jueves 23 en el Boletín oficial, y admite las licencias sin goce de sueldo para aquel integrante de la fuerza que sea “designado para desempeñarse en cargos políticos o comisiones transitorias en reparticiones provinciales y/o sea elegido en cargos de representación política en cualquiera de los Poderes del Estado Provincial”.
Tenés que leerPolicías en actividad podrán ser funcionarios políticosEl nuevo artículo 40 bis, agregado al decreto 4.413, de 1979, permite que solo los policías de las jerarquías superiores, así como aquellos que pertenecen al escalafón profesional (abogados, médicos, técnicos especializados en distintas áreas), puedan tomar licencia sin goce de sueldo para asumir funciones en los ministerios y las secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, acaso en asesorías políticas de la Legislatura y también bajo la órbita del Poder Judicial.
El decreto firmado Saín indica en sus considerandos que “tal situación no sólo veda la alternativa para el personal policial de solicitarla (a la licencia sin goce de sueldo para ocupar cargos políticos), sino que también restringe la facultad del Poder Ejecutivo de elegir personal idóneo para la cobertura de los órganos ministeriales de conducción y apoyo para la implementación de las políticas en materia de seguridad pública, para los cuales se requiere en ciertas casos, valerse de la experiencia, práctica y especificidad de personal que ya revista como empleado policial”.
La participación en la vida política de los agentes de la policía, siempre que se aparten momentáneamente de la fuerza mientras duran sus cargos o representaciones, fueron el objeto de un interesante debate en la década del ‘90 en Santa Fe.
Transcurría el primer gobierno de Carlos Reutemann cuando fue electo por primera vez Joaquín Gramajo, como senador por el departamento 9 de Julio.
En aquellos años Carlos Reutemann era el gobernador y su fiscal de Estado era Nicanor Álvarez. Y fue un dictamen suyo el que terminó con una polémica que se había instalado en torno a Gramajo, quien cursa su séptimo mandato en la Cámara alta.
Por entonces, la oposición radical en 9 de Julio se ocupó se señalar que el senador electo era integrante de la Policía, como asesor letrado, en el escalafón profesional y que por lo tanto no podía asumir su banca o debía optar por dejar la fuerza. Fue entonces que un dictamen de Álvarez terminó con la cuestión, al fundarse en el derecho constitucional de todos los ciudadanos a participar de la vida política. Obviamente, el límite es estar en funciones activas y por eso se conceden licencias con esa finalidad.
El otro caso conocido, bastante más reciente es el de Horacio Sacchetto, quien fue electo presidente comunal de la localidad de Melincué, en el departamento General López.
Para otorgar la licencia sin goce de sueldo a Sacchetto, como en otros veinte más de la gestión del Frente, bastó con una resolución ministerial (de 2018, firmada por Pullaro) que le permite al titular de la comuna del sur mantener su puesto como uniformado mientras dura su mandato popular.
La norma en que se apoya la resolución es la Ley 20.744 que en su artículo 215 establece para los empleados públicos provinciales ese derecho, para “ocupar cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal”. Indica que “tendrán derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador, y a su reincorporación hasta 30 días después de concluido el ejercicio de sus funciones” políticas.