El juez federal Julián Ercolini procesó al financista Ernesto Clarens por el supuesto lavado de 500 millones de pesos que debieron ser destinados a la obra pública, con el carácter "agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza", informaron fuentes judiciales.
El magistrado también dispuso el procesamiento de una docena de empresarios y financistas, todas en el marco del mismo expediente en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero, una causa elevada a juicio oral, que analiza si durante los gobiernos kirchneristas se direccionó la asignación para obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.
El juez Ercolini le trabó a Clarens un embargo por 1.010 millones de pesos y lo sindicó como la pieza clave para un supuesto armado que se utilizó para la "aplicación en el mercado de una gran parte de las ganancias ilícitas obtenidas como consecuencia de la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado liderado por Báez".
Según el magistrado, los empresarios y financistas acusados -entre los que se encuentran Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Merlini, César Andrés, Andrea Cantín, Martín Jacobs, Emilio Martín y Sergio Gotti- "habrían participado en un complejo mecanismo de reciclaje de activos fundado en diferentes operaciones comerciales y financieras inexistentes vinculadas, originalmente, con costos ficticios en obras públicas, que permitieron otorgarle apariencia de licitud".
La ejecución "de esta compleja maniobra, en primer lugar, habría requerido que Austral Construcciones SA (en adelante, Austral) canalizara parte de ese dinero defraudado hacia Gotti SA (en adelante, Gotti), empresa dedicada, principalmente, al rubro de la construcción", sostuvo Ercolini en su fallo.