Proponen cambios al proceso de desalojo

El diputado Julián Galdeano (UCR) presentó un proyecto de ley propiciando modificaciones al procedimiento del juicio de desalojo con el propósito“de brindar mayor eficacia y celeridad al proceso, posibilitando una rápida restitución del inmueble a su propietario, previa constitución de fianza para responder por eventuales daños y perjuicios”.

Según el legislador, el procedimiento de desalojo vigente en Santa Fe, tal como se encuentra reglamentado, “ha permitido a los demandados permanecer en la ocupación ilegítima de los inmuebles durante un excesivo período de tiempo -incluso durante varios años- a través de la utilización de maniobras dilatorias reñidas con los principios de buena fe contractual y procesal”.

Ante esta situación, Galdeano propone una reforma que permita la restitución inmediata del inmueble y genere, a su vez, un efecto desalentador para el inquilino u ocupante que no cumpla con sus obligaciones, quien se vería obligado a abandonar la propiedad en muy breve plazo.

La iniciativa del legislador, en sintonía con la reglamentación existente en el orden federal, incorpora tres artículos al proceso de desalojo reglamentado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, tendientes a dotar de mayor celeridad y eficacia al procedimiento de desalojo por vencimiento de contrato, falta de pago de los alquileres u ocupación ilegítima. Asimismo, impulsa la modificación del artículo 9, estableciendo que en el juicio de desalojo está vedado a las partes recusar al juez sin causa, a fin de evitar maniobras meramente dilatorias.

Otros alcances

Las normas propuestas procuran brindar al demandante las herramientas legales necesarias para obtener la devolución inmediata de su inmueble, previa constitución de fianza, en los casos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago de los alquileres y/o vencimiento del plazo del contrato de locación, o cuando el inmueble se encuentre ocupado por intrusos (para todos los cuales la obligación de restituir resulta exigible).

El proyecto brinda protección al demandado al exigir la constitución de una fianza (garantía) por parte del actor, estableciendo que en caso de que el propietario obtenga la restitución ocultando pruebas de la relación locativa o el pago de alquileres, además de la ejecución inmediata de la fianza, el juez podrá imponerle al actor una sanción de multa a favor de la contraparte (el demandado).

La propuesta también prescribe que, para los casos de desalojo fundados en falta de pago, vencimiento de contrato, cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas, uso abusivo o deshonesto y/o cuando la acción se dirija contra intruso, se realice un reconocimiento judicial con asistencia del defensor oficial (luego de correr traslado de la demanda). Por su parte, en los casos de desalojo por ocupación de intrusos y usurpadores, el propietario podrá solicitar la inmediata desocupación del inmueble, previa constitución de fianza.

“Estas incorporaciones apuntan a proteger al locador frente a dilaciones procesales que se presentan en el actual proceso de desalojo, asegurándole así el pleno ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional; el objetivo es garantizar un servicio de justicia adecuado y eficaz porque como bien sabemos ‘una justicia tardía no es justicia’”, señaló el diputado radical.