Mediante el decreto 2875 firmado por el gobernador Miguel Lifschitz, la provincia adhirió a la Ley Nacional de Emergencia Alimentaria y Social sancionada por el Congreso y cuya promulgación realizó el lunes pasado el gobierno nacional. Además encomienda a los ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía y Gobierno y Reforma del Estado, a realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina.
Decreto de Lifschitz
La provincia adhirió a la ley nacional de Emergencia Alimentaria
La medida permitirá incrementar partidas de programas sociales. Cinco ministerios trabajarán en la temática coordinados por Jorge Alvarez. En los fundamentos, críticas a los recortes de fondos por parte del gobierno central.
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El decreto dispone la creación de una comisión de seguimiento y control de dichas acciones integrada por representantes de esas carteras ministeriales, y coordinada por el ministro Desarrollo Social, Jorge Alvarez. Este deberá convocar a las organizaciones o entidades de la sociedad civil que estime adecuadas a efectos de integrarla y colaborar con su misión de seguimiento y control.
Por último, los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.
En los fundamentos del decreto, Lifschitz denunció los recortes por parte de Nación de fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social, y los esfuerzos llevados a cabo por la provincia en materia de contención social.
En el escrito advierte que “durante el 2018 el Gobierno Nacional cercenó drásticamente los fondos enviados a las provincias destinados a apoyar el gasto social en las jurisdicciones de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública. Frente a tal situación, y en aras de amortiguar el inevitable impacto de la crisis, se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando tal incremento al mes de septiembre del año en curso a 600 millones de pesos”.
También destaca que, en materia de salud, el “Estado nacional llevó adelante un recorte en las coberturas para drogas oncológicas, aquellas relacionadas con diálisis y a su vez en lo relacionado con los traslados para personas con discapacidad, lo cual conllevó a que la provincia invirtiera la suma de 500 millones adicionales en esa jurisdicción”.
A pesar de esta coyuntura, Lifschitz aseguró que el gobierno provincial cuenta con los recursos para garantizar la cobertura de los programas sociales y de salud durante los próximos cuatro meses. A raíz de lo señalado, el decreto sostiene que “deviene imperioso continuar con la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia, requiriendo respuestas multidimensionales y urgentes por parte del Estado Provincial”.
Políticas propias
Más adelante, el gobierno provincial destacó las iniciativas que viene llevando a cabo en materia social, como el denominado “Programa Social Nutricional”, que otorga actualmente fondos a 112 municipios y comunas, y 61 asociaciones civiles que prestan servicios alimentarios de comedor y/o copa de leche para niñas/os en toda la provincia; en la misma orientación, el programa de ayuda social directa llamado “Tarjeta Única de Ciudadanía”, direccionado a grupos familiares cuyos ingresos no superen el salario mínimo vital y móvil, y se centra en la posibilidad de compra de alimentos en una amplia red de comercios adheridos en todo el territorio de la provincia.
El Ministerio de Desarrollo Social sostiene el programa “Tarjeta Institucional”, de asistencias a Organizaciones No Gubernamentales (Movimientos/ Agrupaciones Sociales, Centro de Asistencia Comunitarios, Asociaciones Civiles, Cooperativas de Trabajo, Asociaciones Vecinales, Templos/Iglesias/Parroquias) destinadas a complementar las actividades de comedor comunitario o la entrega de módulos de alimento a familias en situación de vulnerabilidad social.
Además, desde el 2013, impulsa el “Plan Abre”, que propone una estrategia de intervención integral en los grandes centros urbanos de la provincia (Rosario y Santa Fe) y sus áreas metropolitanas (Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria y Santo Tomé), atravesados por problemáticas sociales cada vez más complejas que responden a causas multidimensionales e interrelacionadas.
Fue en ese marco que se propició y llevó adelante el Programa denominado “Abre Familia”, enfocado en cada familia de aquellos barrios más vulnerables de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Pérez, comprendiendo a la familia en su sentido más amplio, esto es, como un grupo de personas que conviven y comparten la realidad en cada vivienda, teniendo como uno de sus principales objetivos el facilitar el acceso a las prestaciones básicas que garanticen derechos fundamentales.
Redacción de El Litoral
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