Los diputados justicialistas Silvina Frana y Mario Lacava presentaron ante empresarios, dirigentes sindicales y la prensa el proyecto de ley de promoción de inversión y empleo cuyo espíritu “es promover el desarrollo y la integración económica de las diferentes zonas del territorio”, siguiendo los alcances del artículo 25 de la Constitución provincial.
La exposición fue en la sede de ADE y los legisladores provinciales fueron acompañados en el acto por el diputado nacional Walter Agosto, quien siendo ministro de Hacienda y Finanzas envió un mensaje a la Legislatura sobre el asunto, iniciativa que finalmente no fue considerada. El último jueves, Frana y Lacava dieron ingreso nuevamente al tema entendiendo que se abren perspectivas para la economía argentina y santafesina en particular.
El proyecto contempla el fortalecimiento de la capacidad productiva, incorporando inversiones, teniendo como condición sine qua non, la solvencia fiscal del Estado provincial, austeridad en el gasto público y un bajo nivel de endeudamiento.
Agosto, quien abrió la conferencia, recordó que al presentar el tema en el 2007 (gobierno de Jorge Obeid) se lo planteó “como un instrumento que venía a complementar un proceso económico y, con él, se legalizaban un conjunto de medidas que estaban en marcha en dicho año, y que permitieron que en Santa Fe se consolidaran las variables de la economía, convirtiéndola en un fuerte polo de atracción de inversiones privadas”.
El legislador nacional recordó que en el período 2003-2007, se invirtieron en la provincia 4.500 millones de dólares, cifra que representó el 65% del total puesto en la Región Centro; el PBI creció en dicho lapso un 30% y el desempleo cayó más de 13 puntos en el Gran Rosario; en Santa Fe se redujo del 16,6 al 8,2% y el trabajo registrado se elevó en un 40%.
“Actualmente, a partir de visualizar un crecimiento de la economía con números que publicita el propio gobierno provincial, y ante la necesidad de fomentar inversiones que generen empleo entendemos que es oportuno insistir con el proyecto”, acotó.
Por su parte, Lacava apuntó que “un factor que no es menor en cuanto a la oportunidad es el cambio del visión del gobierno provincial respecto a la promoción de actividades industriales, ya el gobernador destacó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 1’ de Mayo que enviaría a la Legislatura un proyecto para establecer el fortalecimiento de la inversión, el empleo la productividad y la competitividad en la provincia de Santa Fe”.
Algunos alcances
La explición de los alcances técnicos del proyecto estuvo a cargo de Frana quien identificó como destinatarios “primordialmente a las pequeñas y medianas empresas que demuestren que son viables, y cuya actividad favorece el desarrollo de la región”.
Explicitó que los objetivos del proyecto son promocionar actividades económicas sin limitación sectorial (agropecuarias, industriales, de la construcción, comercial o de servicios) generadoras de empleo y que incluso pueden favorecer, por su efecto multiplicador, el desarrollo de otras actividades vinculadas a tales emprendimientos, tales como call-centers, actividades hoteleras y de turismo, servicios de comunicación, otros medios de transporte, “ampliando el concepto de inversión que supera las fronteras del actual alcance que contiene nuestra ley de promoción industrial”.
Los legisladores destacaron que con los condicionantes que la ley indica, no sólo se tiende a promover actividades nuevas, sino la ampliación o reconversión de las existentes, que pueden estar al frente de personas físicas o jurídicas o formas asociativas que demuestren capacidad de gestión.
Se contempla que el otorgamiento de los beneficios se instrumentará mediante un contrato entre el Estado y los inversores, los que deberán acreditar capacidad moral y capacidad para sustentar y sostener el proyecto, previéndose firmes acciones ante posibles incumplimientos.
También prevé que el Estado provincial facilitará el acceso a medios e infraestructura, a través de la venta o locación de terrenos públicos, la expropiación de inmuebles, la construcción de infraestructura básica para el desarrollo de las actividades productivas, y la compensación parcial del costo de la energía, la mano de obra o las inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.




