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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy el pedido de sobreseimiento del vicepresidente Amado Boudou en la causa que investiga supuestas irregularidades en el trámite de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, por lo que el funcionario seguirá siendo investigado.
Fuentes judiciales informaron que, por mayoría de sus miembros, el tribunal dictó un fallo declarando ‘inadmisible‘ el recurso que había planteado el número dos del Poder Ejecutivo y no hizo lugar a ello con ‘el voto de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani‘.
Hornos resaltó en su voto que ‘la situación de trascendencia y gravedad institucional -alegada por el fiscal en favor del imputado para avalar el cierre de la causa- es, por el contrario, motivo para culminar la investigación de la manera más completa y siguiendo los procedimientos ordinarios‘. Y subrayó que la instrucción pretende ‘analizar la existencia de un hecho delictivo‘, por lo cual descartó ‘que haya quedado patentizado que el delito no se haya cometido o no hubiera sido ejecutado por el imputado, requisitos para el cierre del proceso por vía de un incidente previo de falta de acción‘.
Este es el tercer rechazo que cosecha Boudou en la Justicia federal: anteriormente había sido desestimado en dos instancias inferiores, tanto por el juez a cargo de la instrucción de la causa, Ariel Lijo, como por los miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña. El abogado de Boudou, Diego Pirota, adelantó que apelará el fallo para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Pirota había pedido el sobreseimiento por considerar que en la causa no hay pruebas en contra del vicepresidente, y el fiscal de Casación Javier De Luca entendió que no era precisa la acusación y dictaminó por reformular la imputación en primera instancia. La postura del fiscal fue avalada por el tercer juez de la sala, Mariano Borinsky, que votó por la reformulación de la acusación.
El juez Gemignani consideró que ‘no es la excepción de falta de acción el medio por el que corresponda analizar las pretensiones de la defensa referidas a la ausencia de prueba, ni a un juzgamiento tempestivo, y por ello, el recurso debe ser rechazado sin más‘. Tanto Gemignani como Borinsky coincidieron en que el juez Lijo debe dar una pronta respuesta a la situación de Boudou.
El primero de ellos consideró que el juez y el fiscal Jorge Di Lello ‘deben extremar los esfuerzos para la más pronta y cabal reconstrucción de todos los hechos de la causa, así como la imputación de los mismos a todos los eventuales responsables, en cabal acatamiento del mandato constitucional de seguridad-legalidad‘.
Por su parte, Borinsky sostuvo que ‘en la causa se advierte una actividad procesal importante‘, pero ‘no se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados‘.
Ahora, tras la resolución de Casación, Boudou seguirá siendo investigado en la causa que instruye Lijo y quedará más cerca del llamado a indagatoria que hizo el fiscal Jorge Di Lello. El funcionario del Ministerio Público pidió en febrero la indagatoria de Boudou y de otros acusados, como su amigo y socio José María Núñez Carmona; Alejandro Vandenbroele, titular de ‘The Old Fund‘, el fondo que controla la imprenta; miembros de la familia Ciccone, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
El vicepresidente está siendo investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por interesarse en el levantamiento de la quiebra de Ciccone que terminó en manos de Vandenbroele, a quien su ex mujer señaló como el testaferro de Boudou. Y también está imputado por presunto enriquecimiento ilícito junto a otros allegados suyos.






