En Entre Ríos controlan a empleados públicos con un geolocalizador

Desde que comenzó mayo, en la Provincia de Entre Ríos se puso en marcha el uso de nuevas tecnologías que permiten que sus empleados estatales fichen su ingreso y egreso a sus lugares de trabajo, conozcan los días de licencia pendientes o ya tomados de sus licencias, cuántos días por enfermedad acumulan, o si lo necesitan, cuántos de sus tres días libres anuales por un "imprevisto" ya han aprovechado.

Además, con solo un clic cada agente puede gestionar esas jornadas de descanso por motivos médicos o las mencionadas causas inesperadas previstas en el Convenio.

La modernización del viejo sistema de Legajo Único es parte de un programa de gobierno que está contenido en el Decreto 1923 Poder Ejecutivo Entre Ríos, fechado el 31 de julio del año pasado.

Con la firma del gobernador Rogelio Frigerio, en ese decisorio se reglamentó una ley existente y creó el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal, que en la jerga de los estatales entrerrianos y la propia normativa se denomina escuetamente Sigap.

En pocas palabras, el Sigap es justamente lo contrario del permisivo "siga, siga" de los árbitros de fútbol. El geolocalizador marca las faltas (o las tardanzas) con aplicación estricta del reglamento del empleado público. Para los que llegan sobre la hora, hay eso sí un margen de tolerancia pero es de solo 50 metros. Como para fichar en la vereda llegado el caso.

Los cambios no se agotan en la desaparición de los antiguos sistemas mecánicos como el de "marcar tarjeta", anotar el número de DNI o una clave en una computadora, o de lectura de huellas digitales, el iris ocular, o la (imitable) firma de cuadernos en papel que hasta el mes pasado eran parte de la realidad laboral estatal entrerriana. Se trata de modificaciones de fondo que apuntan a otro tipo de gestión de la fuerza de trabajo en el Estado.

Son parte del "cambio cultural en la provincia" que tiene entre sus principales objetivos mejorar "el vínculo entre el gobierno y los empleados públicos" y "poner en valor la administración pública" según destacó el gobernador Frigerio cuando lanzó "Mi Trabajo".

Ahora, cada agente estatal provincial, con su propio teléfono, ficha su entrada y salida en la app que posee un geolocalizador.

El gobierno ha asegurado que funciona solo cuando se marca el ingreso y el egreso de los lugares de trabajo (para controlar al personal) pero hay dudas respecto de si el sistema no genera registros durante el resto de la jornada laboral o si es capaz de hacerlo incluso durante el resto del día. Y en todo caso, qué podría llegar a suceder con esa eventual información personalísima.

Autogestión obligatoria

El Sigap es obligatorio en todos " los organismos y/o reparticiones que integran el sector público provincial", a partir de la Ley N° 10.898 que "autoriza la implementación y utilización de comunicaciones y notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, que se tramitan en el ámbito del sector público provincial, estableciendo que dichos actos gozarán de idéntica validez y valor probatorio que sus equivalentes convencionales", dicen los fundamentos del decreto de Frigerio. De todos modos, la aplicación ha sido progresiva.

En los razonamientos que preceden a los artículos, así como en los actos de gobierno que presentaron la aplicación Mi Trabajo se destaca que se promueve en los empleados públicos la "autogestión" de trámites laborales que antes debían realizarse ante oficinas y secciones dispuestas para ello, obviamente en papel. Ahora ciertos procedimientos (como tomar días por estudio) se resuelven desde los celulares que son propiedad de los agentes.

Datos personales

La norma cita la estricta vigilancia para que se cumplan las "normativas vigentes nacionales sobre Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326) y las normativas provinciales correspondientes en la materia", y establece "responsabilidades de los diferentes actores que intervengan en la utilización del Sigap con una Declaración Jurada sobre las condiciones de uso, intercambio y confidencialidad de dichos datos personales y/o sensibles que surjan de la intervención de los gestores administrativos que hagan uso de la herramienta", dicen los fundamentos.

El propio decreto destaca que se debe "definir la política de seguridad de la información con el fin de proteger adecuadamente los datos, los recursos utilizados para su tratamiento y los activos tecnológicos, determinando el comportamiento que se espera de empleados y autoridades que tomen contacto con dichos datos y/o recursos, para su protección; adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar adulteraciones, pérdidas o un uso inapropiado", de lo que se ocupa en el articulado.