Si hubo una repartición pública provincial que se convirtió en noticia casi durante todo el año, ésa fue sin dudas el Ministerio de Seguridad. En rigor, prácticamente desde que arrancó la gestión de Omar Perotti, la cartera se constituyó en epicentro de miradas y conflictos. Y no sólo por índices de violencia y criminalidad que fueron in crescendo, sino y fundamentalmente, por la figura de su conductor, Marcelo Sain. Paradójicamente, hasta después de haber dejado su cargo, el funcionario siguió concitando el foco de las críticas. Ésa fue una de las noticias fuertes en el inicio de 2021; en marzo y después de mucha resistencia, el gabinete de Perotti se sacudía con la salida del equipo del hombre sobre quien se habían depositado las expectativas para que la consigna de "Paz y orden" pregonada durante la campaña, se hiciese realidad.
Sain: el funcionario que siguió siendo noticia, aún fuera de sus cargos
Sain venía de protagonizar una situación de tensión con la mayoría de los actores institucionales de la provincia. En su argumentación defensiva, siempre sostuvo que ello se debía a las investigaciones que impulsara y que rozaban o involucraban a esos mismos factores de poder. La situación comenzó a mellar la gobernabilidad, y el desencadenante fue la expulsión de Sain del gabinete.
Pero los problemas no se acabaron allí. Tras dejar el Ministerio, Sain reasumió como director del Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia; había pedido licencia allí para asumir en 2019 como ministro de Perotti. La hostilidad se trasladó, entonces, al ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En paralelo, la Legislatura jugó un rol preponderante con una fuerte embestida; ya se había intentado en ese ámbito un juicio político mientras era ministro, aunque no prosperó. En su rol nuevamente como director del OI, Sain se topó con un primer proceso disciplinario en el parlamento por presuntas faltas graves, que tenía por finalidad suspenderlo transitoriamente en el cargo. Logró sortearlo con la presentación de un recurso de amparo, que incluyó una polémica actuación del fiscal de Estado, instruido por el gobernador. Ello sucedió en julio. En agosto, una nueva arremetida de la Legislatura, puso otra vez a Sain en el banquillo de los acusados. Esta vez, la denuncia fue presentada por el senador Lisandro Enrico; le adjudicaba al ex ministro haber hecho proselitismo en favor de los candidatos del PJ durante la última campaña electoral. Ello es incompatible para quien se desempeña como funcionario judicial. Sain volvió a recurrir a la Justicia con un amparo para evitar que la Legislatura avanzase, pero no lo logró. En noviembre, sufría el duro revés de ser destituido como titular del OI, e inhabilitado para ejercer cargos en el ámbito del MPA por el plazo de diez años.
Volvió al llano, pero por poco tiempo. A dos semanas de ser destituido, fue convocado e incorporado al equipo de trabajo de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.
Pero aún estando fuera de la provincia, Sain siguió siendo noticia. Porque una de las novedades más impactantes del cierre de año, fue la sucesión de allanamientos realizados en las oficinas del Ministerio de Seguridad en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal durante su gestión. Ello derivó en la renuncia masiva de doce funcionarios que habían desembarcado en Santa Fe de su mano, en 2019. El ex ministro sembró dudas sobre la legitimidad del proceso judicial; habló y denunció una serie de irregularidades y volvió a atribuirlo a una ofensiva de actores institucionales – de los diferentes poderes del estado- que en algún momento se vieron incomodados por las investigaciones que tenían su sello.
