En un acto presidido por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, se llevó a cabo la firma de contrato con la empresa encargada de la compactación de 1.000 vehículos que se encuentran en depósitos judiciales estatales y que ya no pueden ser recuperados. Esta iniciativa, que representa una primera etapa, será ampliada en los próximos meses.
Convenio
Compactarán 1.000 vehículos abandonados en depósitos judiciales de Santa Fe
La iniciativa busca prevenir prevenir el robo de autopartes, promover el ordenamiento del espacio público y enfrentar el mercado delictivo vinculado al desguace.
Acompañaron al gobernador en esta actividad realizada en Rosario, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa, y en representación de la empresa Provincias Unidas SRL, Leandro Distefano.
Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 13.000 vehículos en diversos depósitos estatales, siendo el Polo Tecnológico de Rosario el lugar donde se encuentran más de 1.000 unidades bajo resguardo del Ministerio de Seguridad. Las acciones comenzarán en este depósito, extendiéndose luego a la ciudad de Santa Fe y otros depósitos en condiciones similares.
En el marco de esta iniciativa, el ministro Bastia expresó: “Esto tiene que ver con un proceso de reordenamiento, de limpieza y registración, porque nos hemos encontrado con una situación devastada, en estado de desidia, abandono, desorden y desprecio por lo público”. Se refirió a la necesidad de abordar la situación encontrada en los espacios provinciales que albergan vehículos fuera de uso y que ya no pueden ser recuperados.
El funcionario destacó que, durante los últimos cuatro años, se evidenció desprecio por lo público y falta de atención en los espacios públicos, señalando que muchas de las unidades son bienes decomisados por la Justicia y serán inutilizados.
Bastia hizo hincapié en el riesgo de robo de autopartes de los vehículos y señaló que la falta de destrucción de las unidades contribuye a la existencia de un mercado delictivo relacionado con el desguace, que opera en economías informales y criminales.
Finalmente, afirmó que aquellos que adquieren repuestos en estas condiciones están asociados a acciones criminales y destacó que la iniciativa también contribuye a la seguridad a través del ordenamiento.
El proceso de compactación se presenta como una medida clave para abordar la situación de los vehículos en desuso.
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