Los usuarios del servicio de Fibertel deberán decidir en 90 días si abandonan ese servicio y buscan una alternativa antes de que el gobierno “desconecte” la prestación de esa empresa del grupo Clarín, o bien si se quedan allí y especulan con la posibilidad de que las instancias judiciales mantengan ese servicio.
La resolución de la Secretaría de Comunicaciones, anunciada ayer por el ministro Julio De Vido, obliga a Fibertel a dejar de brindar servicios de Internet en 90 días. La medida afecta a un millón de clientes y podría afectar colateralmente las conexiones a servicios de TV cable.
Existe una fuerte disputa corporativa en la Argentina por el “triple play” (TV, Internet y telefonía con una sola conexión) entre las empresas prestadoras de TV cable que están autorizadas para ello, y las de telefonía fija que están técnicamente capacitadas, pero legalmente inhibidas para eso, por lo que presionan al gobierno con el fin de poder competir.
Cada decisión del gobierno puede “volcar” grandes sumas en facturación a uno u otro poder corporativo. Por ahora está claro que más allá de sus argumentaciones legales, las medidas afectan los ingresos del Grupo Clarín.
En un duro comunicado, Cablevisión denunció ayer el “brutal hostigamiento” y la “escalada totalitaria del gobierno en sus ataques contra las empresas” de ese grupo. Según la compañía, la medida “implica una gravísima penalización a los clientes y a los consumidores, al pretender restringirles su libertad de elección y convertirlos en rehenes de una persecución”, ya que su trasfondo es “reducir drásticamente la competencia”.
Cablevisión señaló que la decisión administrativa del gobierno busca favorecer “sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional”.
¿Qué hacer?
En Santa Fe -como en muchos otros puntos del país- la medida obligaría a muchos usuarios a pasarse a la prestación de Internet de la empresa de telefonía fija que predomina en esta zona del país desde la privatización de Entel. Eso o los servicios de cableoperadores locales o regionales, que no tienen cubierta toda la ciudad con el cableado.
De no mediar medidas cautelares favorables de la Justicia, Cablevisión -que puede seguir brindando el servicio de TV por cable- se quedaría sin la alternativa de brindar Internet a través de Fibertel. Esto condiciona sus prestaciones, porque la tendencia del mercado es que los consumidores reúnan en una sola factura -más económica- todos los servicios posibles, cosa que la empresa del Grupo Clarín ya no podría hacer.
Por eso Cablevisión advirtió que avanzará en todas las instancias, “tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus servicios”. En una solicitada que se publica en esta edición de El Litoral, la empresa dejó en claro que la determinación del gobierno es “una medida ilegal y arbitraria, que no tiene antecedentes; el gobierno pretende dar de baja la licencia del servicio de Internet de Cablevisión a través de su marca Fibertel y afectar no sólo a su más de un millón de clientes, sino a todos los argentinos que hoy pueden contar con una opción competitiva y de vanguardia tecnológica en banda ancha”.




