A mediados de junio de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la provincia solicitó el expediente del concurso de Vicentin SA, que tramita en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. El pasado 29 de noviembre, el máximo tribunal desestimó avocarse al tema y dispuso devolver las actuaciones, pero eso aún no sucede.
Indefinición formal en la Corte
El concurso de Vicentin aun no vuelve al juez de la causa
El máximo tribunal tiene pendiente una decisión sobre costas. Desde la empresa argumentan que no es obstáculo para que el expediente regrese a Reconquista.
El tribunal tiene pendiente resolver quién paga las costas de aquello que ya fue resuelto. Y fijó para el 28 de este mes -no habiendo mayoría suficiente para dictar sentencia- su integración con un Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.
Mientras el calendario corre, el abogado de la concursada -Maximiliano Torricelli- solicitó al máximo tribunal la continuidad del concurso y advirtió a los jueces sobre la eventual paralización de las actividades económicas.
"El 31 de diciembre 2022 vencieron los fazones de soja acordados con Molinos Agro S.A. y A.C.A. en octubre de 2021. En este escenario de incertidumbre resulta muy difícil para la dirección de la Compañía conseguir trabajo para las plantas más allá de negocios spot. Los tomadores de fazón requieren certidumbre para armar sus programas logísticos de aprovisionamiento, producción y venta, que esta situación de indefinición impide consolidar", advirtió Torricelli.
Añadió que "para la planta de Ricardone, especializada en la elaboración de girasol, se consiguieron contratos que permitieron ponerla en marcha a partir de enero de 2023, pero resulta muy dificultoso conseguir nuevos negocios en este escenario de incertidumbre. Ello, de igual manera se da con la planta de bioetanol, en un momento en que el negocio tiene perspectivas bastante interesantes".
Más allá de las costas
El abogado señaló en un escrito elevado a los magistrados, que "la imposición de costas omitida, no interfiere con la remisión del expediente principal a baja instancia". Expuso allí que "la paralización del proceso concursal genera una serie de inconvenientes que no solo perjudica a la empresa, sino a los acreedores.
"Nótese -dice- que a la fecha de suspensión de los plazos existían presentaciones realizadas por el directorio de Vicentin a fin de llevar adelante actividades propias de la empresa cuya ejecución requería autorización judicial (por ejemplo, reestructuraciones de créditos tomados en cuenta en el flujo, aplicaciones de activos a cancelaciones de préstamos privilegiados, etc), las cuales, pese al tiempo transcurrido, continúan pendientes".
El abogado recordó en su presentación que Commodities SA, el "supuesto acreedor" de Vicentin que solicitó el avocamiento finalmente rechazado, formuló el pedido cuando el juez Lorenzini tenía acreditadas las mayorías requeridas por la ley para declarar la existencia de acuerdo," por lo que esta situación y el tiempo insumido (aproximadamente 9 meses), perjudica a la totalidad de la masa de acreedores, que frente a una eventual homologación difirieron en el tiempo los recuperos aceptados".
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