En víspera electoral, denuncian un ataque a la Caja del Seguro Mutual

El secretario general de UPCN, Alberto Maguid, denunció una avanzada para forzar la privatización de la Caja del Seguro Mutual y, de esta manera, priven a los trabajadores estatales de los beneficios de que actualmente gozan, comprometan su retiro y los priven de los aportes realizados hasta la fecha; todo ello pasando por encima de las leyes y la Constitución de la provincia.

El Directorio de la Caja, que encabeza el propio Maguid, dio a conocer ayer a través de una solicitada la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la que se intima al organismo previsional santafesino a que “se ajuste a la normativa vigente en materia aseguradora” y que, mientras tanto, “deberá cesar en la operatoria de seguros detectada”.

En diálogo con El Litoral, Maguid explicó que la intimación implica la reformulación de la Caja del Seguro Mutual, convirtiéndola en un ente de seguros privado, o lisa y llanamente su desaparición, convirtiendo a los 140 mil afiliados en un suculento botín para “la avaricia de las empresas”.

El veterano dirigente relató que la resolución de la Superintendencia se dictó a raíz del reclamo presentado por la hija de una docente - “supuestamente orientada por algún sector de la dirigencia de la CTA”-, referido a una cobertura de sepelios.

“En lugar de hacerlo en la Caja, que es donde se hacen los planteos y se solucionan los problemas, acudió directamente a la Superintendencia de Seguros. Es la primera vez que esto ocurre en 70 años, y sucede el 10 de mayo, en puertas del proceso electoral de la Caja (elección que tendrá lugar mañana)”, añadió Maguid.

“Nos llama la atención esto y la celeridad con que actuó la Superintendencia. Y más, que se valga de este reclamo para exigir que la Caja se adapte al sistema de los seguros privados. No hay manera de adaptar lo que hoy tenemos a ese esquema, con lo cual se perdería todo lo que el Seguro Mutual otorga: los anticipos en vida, el 20 % por edad avanzada, los préstamos personales, que el beneficio se pague más allá de los 70 años. Se pierde el sentido solidario, para convertirla en una empresa más; o se obliga a disolverla, para que los 140 mil afiliados tengan que asociarse a un seguro privado”, resumió Maguid.

Avasallamiento

La cuestión también asume ribetes constitucionales, en la medida en que la Caja funciona sobre la base de legislación provincial y en ejercicio de la atribución de la seguridad social, no delegada a la Nación.

Para el titular de la Caja, “es lamentable que alguna mano negra, pensando que con eso generaba un problema al actual Directorio en una época electoral, ha abierto la puerta a los organismos porteños y ahora se viene el malón. No creo que la intención de la denunciante haya sido ésa, pero no se puede desconocer la manera en que estos organismos avasallan a las provincias. Estos muchachos siempre van por más, vienen a llevarse todo”.

Maguid anticipó que “no vamos a permitir que se privatice en beneficio de entidades privadas y del negocio de unos cuantos que siempre están intermediando. Vamos a salir a defender la Caja con todos los recursos a nuestro alcance”.

Estos recursos, según detalló, incluyen una presentación judicial en contra de la medida, entrevistas con autoridades provinciales -en la Legislatura, con el gobernador-, en el Congreso -ya tomó contacto con la diputada Celia Arena para que presente un pedido de informes- y en la calle, a través de la movilización. “No podemos permitir que nos avasallen desde Buenos Aires. Yo me voy a poner al frente de esto, y el que quiera seguirme que me siga”, desafió.