Rosario: el proyecto para regular Uber en el Concejo va directo a un callejón sin salida

Ignacio Pellizzón | [email protected]

El proyecto que llegó al Concejo para regular las aplicaciones de transporte como Uber pareciera no llegar a buen puerto. El contexto de contagios creciente que vive la ciudad, más un clima de conflictividad que se podría desatar con los gremios de taxistas y remises no encaja dentro de las prioridades que tiene el cuerpo legislativo. Por lo menos, no en este momento.

En Rosario están operando distintas apps como Uber, Maxim, Cabify. En su afán por insertarse, persisten con sus campañas de marketing tanto en vía pública como en radios locales. La decisión de desembarcar de manera permanente y abrirse camino, pese al fuerte rechazo de diversos sectores, es inobjetable.

La concejala del PRO, Renata Ghilotti, cree que un gran porcentaje de la sociedad quiere utilizar estos nuevos servicios digitales. Por eso, armó y presentó un proyecto en el Palacio Vasallo para poder regular las apps.

“Poder avanzar en una regulación que, sin perjudicar al resto de los sistemas, permita generar empleo, inversiones y nuevos fondos para mejorar el servicio de taxis”, es lo que expresa públicamente la edila.

No es la primera vez que se intenta avanzar en darle un marco regulatorio a las aplicaciones. En el 2018, la actual presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, también propuso una iniciativa, pero una fuerte oposición de sindicatos y la falta de consenso estancaron el proyecto.

En esta oportunidad, la legisladora del PRO presentó una idea compuesta por 33 fojas en la que se propone la creación de una tasa especial por prestación del servicio de transporte privado de personas a través de aplicaciones que será destinada al Fondo Compensador del Transporte y al sostenimiento del sistema público de taxis.

No sólo eso. Propone un nuevo esquema de exigencias mayores en cuanto a características de las unidades y la salvedad de que, bajo ningún concepto, podrán operar directamente en vía pública y su utilización estará circunscripta a las contrataciones mediante plataformas.

Pero, en voz del concejal Fabricio Fiatti del bloque CREO, aliado al Intendente Pablo Javkin, contó a El Litoral las razones por las cuales entiende que no es el momento para poder enfocar energías en un proyecto de esta índole, dando a entender la visión oficial al respecto.

“El transporte por vehículos privados no tiene consenso, genera competencia desleal con los vehículos que están autorizados a funcionar y cumplen con los requisitos que se les exigen y asimismo no permiten que el Estado ejerza su control”, resumió.

A su vez el concejal Eduardo Toniolli también aprovechó para expresar su opinión negativa respecto a la regulación de este tipo de apps. El edil entiende que “Uber es una estafa, promete trabajo y buen servicio, y una vez que destruye la competencia desde su posición dominante, muestra su verdadera cara: precariedad, evasión fiscal, y nadie que se haga cargo si surge algún problema. Es cuestión de ver lo que pasa en Mendoza o en Montevideo, donde los dejaron entrar y la experiencia fue nefasta”, enfatizó.

Como si fuera poco, ante la falta de consenso en el Concejo para poder discutir la iniciativa, este miércoles taxistas de todo el país se congregaron para realizar una suerte de “bocinazo nacional” bajo el lema: “Aplicaciones ilegales= precarización laboral y competencia desleal”.

En Rosario la cita fue en el sindicato de Peones de Taxis en calle Salta 2882, donde nuevamente los referentes del sector mostraron su descontento por la irrupción de estas empresas multinacionales.

Por su parte, el municipio, que sigue incautando vehículos de las aplicaciones, insiste con la ilegalidad de Uber y asegura que seguirá adelante con los controles para evitar que la plataforma de traslados brinde servicios en Rosario.

Así las cosas, pareciera que el proyecto de Ghilotti volverá a caer en el mismo saco roto que el de Schmuck. Mientras tanto, Rosario sigue teniendo las aguas divididas sobre si la apps pueden trabajar o no y bajo qué marco regulatorio.