Abogado procesado por estafa

Juliano Salierno - [email protected]

El juez de Instrucción Séptima, Diego Andrés De la Torre procesó este miércoles al abogado Jorge Federico Maldonado. Le atribuye el delito de estafa, por una operación en la que ofreció vender U$S 50.000 a un matrimonio y se quedó con $ 240.000 sin entregar nada a cambio.
La resolución fechada el 12 de septiembre ya fue comunicada a las partes; aunque no se encuentra firme y se espera la apelación de la defensa.

El caso surgió días antes de la feria judicial de invierno, cuando la pareja afectada, junto con el abogado Jorge Pedraza, radicaron la denuncia ante la Fiscalía Nº 5 de la Dra. Elena Perticará.

La fiscal hizo el requerimiento de instrucción ante el juez en feria y luego la causa se tramitó en el Juzgado de Instrucción Segunda, a cargo de Nicolás Falkenberg.

Varias semanas transcurrieron, durante las cuales las víctimas ratificaron la denuncia en tribunales y el juez Falkenberg indagó al imputado, además de recabar una serie de testimonios que dan cuenta de lo ocurrido ese 6 de julio en una casa de calle 3 de Febrero al 3500, propiedad de la familia Maldonado.

Caja de Jubilaciones

Como el imputado tenía una causa abierta a punto de ser elevada a juicio en Instrucción Séptima, y el fiscal Nº 7 Jorge Andrés pidió una ampliación de declaración indagatoria, los expedientes se acumularon y a partir de ahora se tramitan de manera conjunta bajo las órdenes de un mismo juez.

En la anterior oportunidad, Maldonado había sido procesado por el delito de defraudación en grado de tentativa tras una denuncia realizada por la Caja de Jubilaciones de la provincia, donde además Maldonado fue cesanteado de su puesto de trabajo.

El nuevo hecho puso a flote aquel caso y el fiscal Andrés pidió que fuera indagado nuevamente por la defraudación al Estado, sin el atenuante de la tentativa sino ya como un hecho consumado.

Negocio redondo

Según el relato judicial, Maldonado ofreció el 5 de julio último dólares a buen precio en el mercado informal -$ 4,70 a $ 5 por dólar-, y ante la desesperación de muchos para hacerse de algunos billetes de la moneda norteamericana, rápidamente consiguió compradores.

La propuesta quedó registrada en un e-mail que a su vez fue recibido por otros potenciales “clientes” que hasta el momento se desconoce si entraron en la trampa en esos días.

Aunque existen casos similares en la provincia, e incluso en la ciudad de Paraná donde fue denunciado ante la Justicia entrerriana, hasta el momento en Santa Fe sólo fue investigado por la denuncia del matrimonio afectado, compuesto por una ex compañera de la facultad y el esposo de ésta, un comerciante del rubro computación.

Nexo político

Para el juez Diego De la Torre, el ardid desplegado por el abogado de 35 años comenzó cuando contó que su intervención era “como intermediario de un político”.

La operación de compra-venta de dólares estaba prevista para el 6 de julio poco antes del cierre del horario de bancos. El matrimonio llegó hasta la casa donde el abogado los había citado y puso en sus manos los $ 240.000 que Maldonado llevó a otra habitación para contarlos.

Diez minutos más tarde les ofreció ir a contar el dinero a otro sitio bajo el prejuicio de que en la casa había albañiles trabajando en la casa y eso no era seguro.

Las demoras generaron cierto nerviosismo entre los presentes y Maldonado les ofreció a cambio firmar un pagaré por el monto total y un contrato de compraventa por la casa, para su resguardo.

Ludopatía

Durante la indagatoria, el acusado argumentó que sufre problemas de ludopatía. A pesar de afirmar que no era “un estafador” “los dichos del imputado en su descargo, sólo alcanzan a configurar un atisbo de defensa, tendiente a mejorar su posición dentro del proceso”, indicó el juez en su resolución.

En definitiva, el magistrado priorizó la versión de las víctimas y los testigos que los acompañaron a concretar la transacción.

Para el juez De la Torre existe suficiente documentación respaldatoria como para acreditar en esta parte del proceso que el delito se consumó tal cual lo explicitaron las víctimas.

A las declaraciones testimoniales se suman el registro de los mensajes de texto que fueron enviados, previamente y durante el transcurso de la negociación. De allí surge cómo lo que pretendía ser una operación entre particulares se convirtió en un engaño para despojar a las víctimas de su dinero. Luego aparecieron diálogos escritos en los que el propio imputado amenazó con quitarse la vida en caso de que lo denunciaran ante la Justicia.