Allanan el Jardín de Infantes San Roque por denuncias de abuso sexual infantil

Por Pablo Benito

Con la participación de las fiscales Alejandra Del Río Ayala y Cecilia Minitti, este sábado por la mañana se realizó una reunión con una decena de padres del Colegio San Roque y se investigan cinco casos más de abuso sexual infantil, luego de que se conociera públicamente la imputación y detención del maestro del Jardín de Infantes Particular N° 1264.

Con estas nuevas denuncias el curso de la investigación penal dio un giro hacia la institución y sus autoridades, y hoy se realizaron acciones de aseguramiento prueba (allanamientos) y habrá detenciones durante el transcurso del fin de semana.

La oscuridad de la aclaración

Carolina Walker (presidenta de la Asociación Civil Democracia Directa) manifestó que “el estado de preocupación de los padres fue creciendo a medida que daban cuenta que las autoridades reconocían la actividad del profesor en juegos que iban desde promover el bullying y la burla a los alumnos, hasta el tocamiento con una varita de las partes íntimas de los pequeños por parte del profe en un juego colectivo en el que él decía ser el «mago». Todos estos juegos eran conocidos por los directivos, al punto que pretendieron exculparse manifestando que le habían ordenado que «no se hagan más»”.

Según lo informado por algunos padres, las autoridades del Jardín demostraron, durante el encuentro realizado el miércoles 4 de marzo pasado, que sabían lo que ocurría, pero también que sostuvieron al docente, a la vez que desde el Ministerio de Educación, al ser notificados de la denuncia penal, aconsejaron por nota a los directivos y al docente imputado que “busquen asesoramiento jurídico”; sin embargo, no dieron ningún tipo de directivas para separar al docente y que no esté más al frente de los niños. Tampoco aconsejaron abordaje alguno sobre la comunidad educativa, desaconsejando la comunicación de la situación a los padres.

La indignación de los padres fue aún mayor al reconocerse que el profesor quedaba a solas con los niños, argumento que había sido negado hasta ese momento tanto en reuniones de padres como ante la Justicia.

Pruebas administrativas

La prueba del ocultamiento por parte de los directivos pudo probarse mediante el secuestro de actas que daban fe del encuentro a fines de 2018 entre la mamá del chiquito abusado y la responsable del establecimiento. Debieron pasar 10 meses para que la situación fuera elevada al Ministerio de Educación, lo que ocurrió recién cuando la Justicia notificó de la existencia de la denuncia penal.

Ni el Jardín, ni el Ministerio tomaron medida precautoria alguna, y fue el propio docente el que pidió licencia psiquiátrica. El motivo del “estrés laboral” era la denuncia administrativa realizada el año anterior, con lo que quedaba claro que el Jardín había actuado, de alguna manera, frente al requerimiento de la mamá que informó, aunque lo hizo para proteger al profesor y no para resguardar la integridad del alumno y del resto de los niños de la salita.