Nueve años después de haber “estallado”, llega a juicio oral el denominado caso “Maros”, que refiere a la agencia de viajes de la ciudad de Santa Fe que habría estafado a más de 160 personas. Son cuatro las mujeres imputadas, que a partir del 4 de marzo deberán rendir cuentas ante la Justicia por maniobras económicas que destrozaron decenas de sueños.
Las acusadas son Marcela Arévalo, Ana Felice (madre de la anterior), la idónea de la empresa Ivana Álvarez Flores y la empleada Lucila “Popi” García.
En las últimas horas, esta última mujer perdió a su abogado, Germán Coraza, quien la representaba desde el inicio de la causa, pero ahora decidió renunciar. En poco tiempo, ella deberá decidir qué profesional la acompañará en el proceso.
El tribunal estará integrado por los jueces Pablo Spekuljak, Celeste Minniti y Pablo Busaniche. Las fiscales que representarán al Ministerio Público de la Acusación serán María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo.
Por su parte, algunas de las víctimas se presentan en la causa como querellantes, representadas por los abogados Celeste Roa Hertelendi, Balbina Cavalieri, César Rojas y Luis Hilbert.
La concreción del juicio demoró debido a cuestiones burocráticas del Poder Judicial.
Billetes esfumados
Según los peritajes contables que se hicieron, las acusadas se habrían quedado con cientos de miles de dólares.
“No hay posibilidad de recuperar el dinero, desgraciadamente. No se pudo determinar adónde fue a parar todo eso”, se lamentó un investigador.
“Siempre fue mi intención cumplir con la gente”, aseguró entre lágrimas Marcela Arévalo en la audiencia de medidas cautelares desarrollada ese mismo enero de 2017, luego de que "saltara" el escándalo alrededor de su negocio.
Para la fiscalía, no se trató de un desfase económico. Desde el principio, sostuvo que ella vendía aún sabiendo que no iba a poder cumplir con lo que prometía. “En diciembre de 2016 la agencia había presentado un concurso preventivo, pero igualmente seguía recibiendo pagos por supuestos viajes.
Algunas víctimas se dieron cuenta de que todo el dinero entregado a la agencia se había esfumado cuando tenían las valijas hechas. Otras, cuando escucharon en las noticias que los “clientes” se manifestaban frente al local. Unas cuantas alcanzaron a viajar, pero los problemas se le presentaron cuando no tenían reserva en el presunto hotel o el boleto pago para regresar al país.
En algunos casos, las funcionarias del MPA lograron demostrar que las acusadas falsificaron firmas para hacer pagos clandestinos con tarjetas de crédito de sus clientes, que les daban los plásticos con total confianza. En esa época, las operaciones se hacían con “cupones”, que se llenaban a mano.
Para las cuatro imputadas, las fiscales adelantaron que solicitarán penas de entre 7 y 9 años de prisión.
Testimonios
El 1° de enero de 2017, cuando los clientes perplejos se agolpaban frente al local, todavía con alguna esperanza de una respuesta favorable, alguno de ellos contó su caso.
“Mi grupo fue el primero en enterarse. Éramos ocho: mi hermano, amigos y amigas. A las 14 nos llamó Marcela Arévalo, de la agencia, quien nos convocó para darnos unos papeles. Fuimos y después de charlar unos minutos nos dijo que tenía para darnos la peor noticia, que el viaje se suspendía, porque no tenía respuesta del mayorista al que le había pagado. En el momento me quedé sin palabras. Nos repetía lo mismo, que era un mayorista que ellos conocían y por eso se confiaron”, explicó Debora Pallé, de 31 años, una de las damnificadas, todavía shockeada.
Un hombre relató que estaba “a punto” de jubilarse y que sacó un crédito para llevar a su esposa y juntos conocer México. Una pequeña de 11 años terminó llorando sobre su valija armada, llena de ropa e ilusiones para viajar con su tíos y primitos.
La fachada de la agencia, en calle Primero de Mayo, casi en la esquina con Obispo Boneo, fue una implacable pared contra la que se estrellaron ese día decenas de sueños.