La Cámara de Casación Penal bonaerense dejó este jueves sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ que fue sorprendido en un cajero automático con 49 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, por lo que se podrá avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular.
Otro giro en la causa
"Chocolate" Rigau: intervino Casación y ahora sí se peritarán el celular
A poco más de una semana de las elecciones presidenciales, la fiscal Bettina Lacki quedó en condiciones de darle impulso a la investigación.
A poco más de una semana de las elecciones presidenciales, la fiscal Bettina Lacki quedó en condiciones de darle impulso a la investigación sobre Rigau, en el marco de la cual hay una medida de prueba clave que es la apertura del teléfono celular de Rigau.
Pero no será de inmediato, ya que el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio tiene que resolver un planteo de nulidad que había recibido de la defensa, el cual no había contestado antes porque intervino la Cámara Federal y lo anuló todo.
Los magistrados de la Casación María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron este jueves la decisión de la Sala de la Cámara de Apelaciones, que había admitido un habeas corpus de la defensa de "Chocolate" y la liberación del puntero político.
Ahora los jueces consideraron que Apelaciones se excedió en su competencia y actuó basada en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, la lógica.
Para la Casación Penal -el máximo tribunal penal de la provincia, sólo por debajo de la Suprema Corte bonaerense-, los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo actuaron "por fuera de su jurisdicción", por lo que beneficiaron a Rigau excediéndose en sus atribuciones, lo que quedó evidenciado en un análisis legal y jurisprudencial.
La fiscal ahora podrá averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia.
También determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.
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