Los dos últimos prostíbulos que continuaban funcionando en la capital entrerriana fueron clausurados anoche por funcionarios municipales, en el marco de la ordenanza que prohíbe la habilitación comercial de cabarets, whiskerías y de todos los locales o casas que permitan la trata de personas.
El operativo se realizó en un local nocturno del centro de la ciudad y en uno de la periferia y estuvo a cargo de funcionarios del área municipal de la Mujer, de la Dirección de Habilitaciones Comerciales y de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos.
Con órdenes de allanamiento extendidas por el juez de Instrucción Carlos Ríos, los funcionarios ingresaron a esos locales y los clausuraron definitivamente, se informó hoy.
La nueva legislación municipal establece la caducidad automática, la inhabilitación de por vida para la tramitación de cualquier licencia comercial y la aplicación de una multa de 4.000 Unidades Fijas para los propietarios de locales donde se constaten actividades de explotación sexual.
El área de la Mujer y la Oficina de Empleo municipal recordaron hoy que la comuna habilitó más de 100 talleres de capacitación en diferentes sitios de la ciudad y lanzó, en colaboración con el Ministerio de Trabajo de la Nación, líneas de financiamiento de hasta 15 mil pesos para el desarrollo de microemprendimientos para mujeres que ejercen la prostitución.
La secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación de la municipalidad, Florencia Amore, explicó que la iniciativa apunta a a "ofrecer talleres de capacitación para estas mujeres, de manera tal que se les pueda brindar conocimientos en un oficio“.
En declaraciones periodísticas, la funcionaria reconoció que la intención "es acompañar (a esas mujeres) en su inserción laboral, ya sea en el campo privado, como en la elaboración de proyectos para el desarrollo de microemprendimientos“.
Recientemente, la intendenta Blanca Osuna (FPV) remitió un proyecto de ordenanza para adecuar la legislación local a la normativa nacional e internacional en la materia.
En la iniciativa, la jefa comunal insistió en ‘el lineamiento político actual del municipio, que emprende una verdadera lucha contra la trata de personas en todas sus formas, especialmente la explotación sexual de mujeres, niños y niñas“.
La intención es contar con legislación "que proteja y garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes, como así también de todas las mujeres en todos los ámbitos, según consta en Tratados Internacionales a los que adhiere el país“.
La nueva ordenanza, prohíbe el funcionamiento en la capital entrerriana de todas las casas o locales, con acceso abierto o restringido, que permitan a sus propietarios, administradores o terceros obtener lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución con o sin consentimiento. (Télam).-




