Una denuncia anónima disparó una investigación por corrupción policial

Juliano Salierno
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Una denuncia anónima dirigida en sobre cerrado al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, dio curso a una investigación por el presunto delito de “defraudación a la administración pública” que dirige el fiscal de Santa Fe, Roberto Apullán, y por la cual ya se ordenaron siete allanamientos en talleres mecánicos, una casa de repuestos y en dependencias del Departamento de Logística (D-4) de la Jefatura de Policía de la provincia, entre otros; así como el secuestro de diez vehículos pertenecientes a la fuerza pública.

“La investigación se concentra en el ámbito de supuestas maniobras defraudatorias con arreglos o cambios de repuestos de móviles policiales en el ámbito del Departamento de Logística de la Jefatura” de provincia, explicó el fiscal Apullán en una conferencia de prensa ofrecida hoy en la sede del Ministerio Público de la Acusación de calle 1º de Mayo 2820, junto al fiscal regional Jorge Nessier.

Como la maniobra involucraba a policías y civiles, el ministro Pullaro decidió presentar el miércoles 4 de mayo la denuncia ante el MPA.

Sin imputados

A partir de ese momento se inició un trabajo que desencadenó en siete allanamientos realizados entre el viernes y ayer, que tuvieron como centro de labor la ciudad capital y Rosario.

“Cuatro de ellos fueron en negocios de autopartes de la ciudad de Santa Fe que eran mencionados en la denuncia anónima que recibió el ministro Pullaro; y otro fue en una sede en la ciudad de Rosario de uno de los negocios de la capital provincial. También se allanaron las oficinas del departamento de Logística de la Jefatura provincial; y el séptimo fue en el área de Contabilidad del ministerio de Seguridad de la provincia”.

Además “se identificaban diez móviles policiales” los cuales fueron secuestrados el viernes pasado de sus respectivos lugares de procedencia, detalló Apullán. Los vehículos refieren a “un colectivo que no se puede mover, cuatro camionetas y cinco móviles. Ese mismo día dos peritos de Gendarmería realizaron la pericial de la que todavía no tenemos los resultados”, explicó.

“En la denuncia además de mencionarse esta actividad ilícita se menciona al personal policial involucrado y a particulares del rubro” automotor, razón por la cual el fiscal tuvo especial cuidado en reunir la prueba, que fue trabajada bajo la especie de “anticipo jurisdiccional” con control de un juez de la IPP para su posterior utilización durante un juicio.

No obstante ello, todavía “no hay detenidos, no hay imputados, ni se ha identificado a nadie como imputado”, aseguró el titular de la investigación. Apullán explicó que al ser “una temática compleja, la principal preocupación ahora es determinar si existieron los hechos; para después determinar los niveles de responsabilidad tanto desde el punto de vista de la administración pública como de particulares”.

Declaración de principios

Esta mañana, el ministro Pullaro también se refirió a los hechos investigados y reconoció lo poco feliz de la situación para la gente de su cartera “porque sabemos que toca intereses muy poderosos”, al punto que destacó que “nosotros marcamos una línea muy clara con la decencia en la función pública y fuimos muy claros con las fuerzas de seguridad de la provincia diciendo que cuando nos enterásemos de que pudiese existir corrupción institucional o vínculo con el delito por parte de cualquier funcionario de la provincia de Santa Fe lo íbamos a denunciar”.

El ministro detalló cómo fue que tomó conocimiento del caso y de su decisión de recurrir a la Justicia para que investigue una situación, que no sólo involucraría a policías, sino también a particulares. “A nosotros nos llega una información muy, pero muy precisa, donde supuestamente -esto lo tendrá que probar el fiscal que lleva adelante esta investigación- existían arreglos de diferentes móviles de la Policía de la provincia de Santa Fe, puntualmente de la Jefatura, de la Dirección de Logística de la provincia que no se arreglaban y se facturaban”.

Contra la corrupción

“Esto nos impactó fuertemente, porque si se prueba realmente es corrupción institucional de una parte de las fuerzas de seguridad”, destacó el funcionario, que se preocupó por dejar en claro que “la información que nos llega era sobre los meses de enero, febrero y marzo de este año”, previo a la designación del actual jefe de Policía Luis Bruschi. “Se investiga de marzo hacia atrás, con lo cual al nuevo jefe no se lo está investigando”, reiteró.

Desde el Ministerio de Seguridad se dispusieron los recursos necesarios para que trabajen en apoyo al fiscal Apullán. Para ello fueron designados funcionarios de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Investigaciones (PDI) y Asuntos Internos (AI), que tuvieron a su cargo la realización de allanamientos y secuestros.

Por otra parte, el ministro dijo que si bien estos hechos “hay que probarlos”, “nosotros no vamos a proteger bajo ningún concepto la corrupción, porque creemos que ninguna institución democrática se puede conducir si existen estas cosas”. Asimismo, señaló que de ser cierto esto no sólo es un golpe a “la seguridad pública de Santa Fe”; sino “a los propios compañeros que salen a trabajar, a veces con los móviles que no están en condiciones, habiendo partidas para que los móviles estén en condiciones”.

Lifschitz: “En su mayoría, los policías son honestos”

El gobernador Miguel Lifschitz advirtió que “es parte de la lucha contra la corrupción” que lleva adelante su gestión, la denuncia del Ministerio de Seguridad sobre provisión de servicios y compras irregulares en la policía, que derivó en allanamientos y secuestro de una decena de móviles.

Tras recordar que fue una denuncia del Ministerio de Seguridad la que puso el tema en manos de la Justicia, expresó que lo hecho “es parte del objetivo que nos hemos planteado desde el inicio: combatir la corrupción en todos los ámbitos en los que la podamos detectar”.

“La Justicia está actuando y determinará los niveles de responsabilidad que correspondan”, dijo el titular de la Casa Gris. Y de inmediato agregó: “Creo que tenemos muchísimos policías comprometidos y honestos: son sin dudas la mayoría. Necesitamos separar de la fuerza a aquellos que están usufructuando de su grado, de su uniforme, el lugar que les ha dado la sociedad para cometer ilícitos”.

“No lo sabemos, a esto lo tiene que definir el fiscal que está interviniendo”, respondió el gobernador cuando un periodista le preguntó si las maniobras habían sido avaladas con la firma del ex jefe de la Policía. “La causa está en pleno proceso. Nosotros no queremos aventurar ningún tipo de afirmación al respecto. Vamos a esperar que el fiscal formule la acusación”, explicó.

“Obviamente, estamos introduciendo cambios de sistemas de procedimientos y la idea es que todos los mecanismos de contrataciones, de compras, tengan un control tal como ocurre con cualquier ámbito de la administración pública”, adelantó.

Confirmó que en paralelo con la investigación que lleva adelante la Justicia, Asuntos Internos hace “su propio sumario y en caso que se detecten responsabilidades habrá las sanciones que corresponden”.

Respecto de cuánto ha perdido el Estado por estas maniobras, señaló que “no tenemos estimada aún su magnitud”.