"Desparpajo" delictivo: "Resulta imposible que no hubiera sido conocido por Lepwalts"

Dos semanas después de dictar sentencia, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe emitió los fundamentos por los cuales declaró culpable al comisario Marcelo Octavio Lepwalts, al considerarlo miembro de una asociación ilícita que funcionó dentro de la Delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) entre 2018 y 2019.

La sentencia lleva la firma de los jueces Germán Sutter Schneider -quien presidió el debate celebrado entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre-, y los vocales Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, los tres de la ciudad de Rosario.

"Llama poderosamente la atención –por la magnitud y trascendencia de sus consecuencias- la naturalidad con la que los policías hablaban de las acciones ilegales que hicieron o estaban dispuestos a hacer en los procedimientos", señalaron los magistrados que -por cuerda separada- homologaron el juicio abreviado para los cinco policías que formaban parte de la Brigada Operativa que cometió las tropelías.

"Acciones deleznables"

Tras enumerar uno por uno los principales "hitos" de la investigación, los jueces señalaron que revelan "acciones verdaderamente deleznables para un funcionario público".

Los camaristas definieron las maniobras como "alejadas de la ejemplaridad" del cargo; y hablaron de "elocuentes manifestaciones de una suerte de patrón de conducta delictual en la forma en que se conducían los miembros de la Brigada, que por su tenor, frecuencia y -si se me permite la expresión- "desparpajo" exhibidos, resulta imposible que no hubiera sido conocido por Lepwalts".

El comisario "Lechuga" Lepwalts, de 52 años, fue condenado el 11 de noviembre a 4 años y 6 meses de prisión como coautor de una asociación ilícita que funcionó en Santa Fe desde su llegada al cargo, en marzo de 2018, y hasta su detención, el 9 de mayo de 2019.

Cinco condenados

Cinco miembros de la brigada -Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos- que debían ser juzgados junto con el jefe, aceptaron condenas de 3 años de prisión por el mismo delito, en un juicio abreviado cuya homologación se conoció este martes.

No obstante, todos los policías mencionados, fueron juzgados y condenados por primera vez, en abril de este año por el TOF, en este caso integrado los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, los cuales se apartaron en el reciente proceso.

Reparto horizontal

En el último juicio a Lepwalts, el fiscal general Martín Suárez Faisal había solicitado pena de 8 años para el delegado federal, al que consideró jefe u organizador de la asociación ilícita, no obstante el tribunal concluyó que no se daban las condiciones para dicho agravamiento del rol.

A través de los fundamentos, puestos a disposición a las partes esta semana, los jueces dijeron que "se pudo comprobar que entre los nombrados existía un acuerdo realizado en el marco de una estructura organizativa con división de funciones, y el producido de los ilícitos se repartía equitativamente, sin que se haya comprobado que existieran jerarquías (al menos decisivas o gravitantes) a los fines delictuales".

Destacaron como "definitorio" la "horizontalidad" del reparto de ganancias como clave para desechar el rol de jefe, e indicaron que "el hecho de que formaran parte de una estructura vertical en la cual cumplían sus funciones lícitas como policías, no necesariamente determina o configura per se la estructura de la asociación ilícita resultante".

Denuncia anónima

La causa se inició el 24 de septiembre de 2019 por una denuncia anónima en la Fiscalía Federal Nº 2 del fiscal Walter Rodríguez. El anónimo, que no era otro que el padre de uno de los policías federales investigados, brindó una versión en fiscalía que luego no sostuvo ante los jueces, por lo cual el fiscal Suárez Faisal solicitó se lo investigue por "falso testimonio".

Como lo hicieron desde un principio, la dupla de abogados que defendió a Lepwalts, a cargo de los Dres. Pablo Gómez de Olivera y y Matías Maluccio, se opusieron a la sanción penal y proclamaron la inocencia y absolución de su pupilo.

Una de las principales críticas de la defensa fue que se estaba juzgando a su cliente por los mismos hechos atribuidos en el juicio pasado, pero dicho plante fue rechazado por el tribunal. "Sin perjuicio de reconocer que nos encontramos ante una identidad de pruebas, comunes a ambos procesos, lo cierto es que las razones invocadas muestran la clara posibilidad de juzgar si se ha cometido o no el delito de asociación ilícita en forma independiente de la de los delitos particulares y concretos respecto de los cuales ya medió sentencia", dijeron los jueces.

Primera condena

Aunque no se encuentra firme, puesto que existe un recurso de apelación ante la Cámara Federal de casación Penal, el comisario Lepwalts fue condenado en abril de este año por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, sustracción de elementos de prueba y cohecho en concurso ideal; en concurso real con falsedad ideológica de documento público y tenencia simple de estupefacientes"; a la pena de 4 años y 3 meses de prisión; multa de $ 242.000, e inhabilitación perpetua.

Zona caliente

A la hora de imponer la sanción condenatoria, los jueces valoraron que Lepwalts "estaba a cargo de una dependencia dentro de una jurisdicción cuyos índices de criminalidad la ubican entre las zonas más calientes –por su peligrosidad- de nuestro país". "La extensión del daño causado con su conducta (...) golpea fuertemente el prestigio y credibilidad de la policía federal en su conjunto". Eso, sumado a los "niveles intolerables de violencia" detectados en la región hacen merecedor de "un mayor reproche penal" a quienes "lucran inescrupulosamente en este contexto fértil".

Corrupción en gestación

"Es importante reparar en la comprobación de distintas circunstancias, acerca de cómo se fue gestando, a partir de la llegada de Lepwalts como Jefe de la Delegación local de la Policía Federal, el acuerdo que finalmente culminó plasmándose en la formación de la asociación ilícita analizada en estos fundamentos", dijeron los jueces Sutter Schneider, Facciano y Gambacorta.

Primero: "en la conducta exhibida por Lepwalts, al propiciar a una semana de asumido como jefe de la Delegación, el desmantelamiento de la brigada –no solo de los mandos inferiores, sino también de los mandos superiores-".

"Una vez desarmada dicha unidad operativa, integró al poco tiempo la misma con personal policial recién trasladado y por tanto ajeno a la jurisdicción, que presentaba cuestionados antecedentes profesionales; concretamente con Bogetti, Bustos y Duarte, quienes provenían de la ciudad de Villa María (Córdoba), y no sólo no tenían experiencia previa en el territorio, sino que inmediatamente antes de su traspaso habían sido sujetos de investigaciones internas por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones policiales".

Por último, destacaron "una conversación por whatsapp del 26 de septiembre de 2018, que surge de la pericia técnica realizada al teléfono celular secuestrado a Gómez Navarro, donde este se muestra sorprendido por la nueva conformación de la brigada y el cambio de destino de sus antiguos integrantes, utilizando términos precisos de su opinión al respecto, como ser "… o bien quieren poner a la gente de ellos. Viste la jefatura esta nueva quiere subir a la gente de ellos…".

Droga para el "bagallo"

Los jueces del TOF pusieron de resalto aquellos episodios "en los que quedó plasmado el acuerdo tácito" entre los miembros de la asociación ilícita, los mismos que fueron juzgados en abril de este año en el primer debate oral, los que se produjeron entre el 4 de abril de 2019 en la ruta 70, y culminaron el 9 de mayo de 2019 con las detenciones de Lepwalts, Bogetti, Duarte, Bustos, Arbildo y Gómez Navarro".

En el otro juicio "se tuvo por probado el reemplazo de uno de los teléfonos celulares incautados en poder del (narco) Guillermo Kernc", cuando lo detuvieron el 4 de abril de 2019 en un procedimiento en la ruta 70, camino a Esperanza. Luego, "el cobro de una importante suma de dinero para devolvérselo, así como la oferta de que este prosiga con sus actividades de narcotráfico a cambio del pago de un 'canon' para que los policías federales le permitan 'trabajar tranquilo'".

En aquella ocasión, la maniobra "contó con la venia del jefe de la delegación Marcelo Lepwalts, y fue supervisada, custodiada y ejecutada por Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro".

También se tuvo por probado que durante la investigación encomendada por el fiscal federal N° 1, Gustavo Onel, los cordobeses Bogetti, Duarte y Bustos "brindaron protección personal a Claudio 'la chancha' Cardoso" otro narco) favorecido, entre enero y marzo de 2019.

Asimismo el día de las detenciones y allanamientos, el 9 de mayo de 2019, "agentes de Asuntos Internos de la Policía Federal, allanaron la sede de la Delegación Santa Fe, y secuestraron dos trozos de tela con marihuana, cuatro papeles glaseé con cocaína, un envoltorio de nailon con marihuana y 89 envoltorios con cocaína, en una estantería del baño que utilizaba la Brigada".

Para los jueces, "los fines de esa tenencia de estupefacientes -que era parte de los 'secuestros' realizados en operativos contra el narcotráfico-, consistían en su posterior utilización para "embagallar" a terceros, a cambio de información, dinero o de obtener resultados positivos en procedimientos en los que no había droga.