El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Santa Fe destituyó hoy a Alejandro Pedro Martín del cargo de juez Civil y Comercial de la 17a. Nominación de Rosario, quien había sido denunciado por el saqueo de cuentas judiciales del Banco Ciudad, junto a un martillero y un grupo de abogados rosarinos.
La decisión a la que arribó hoy el Tribunal lleva la firma de la presidenta de la Corte Suprema, María Angélica Gastaldi; los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, Daniel Erbetta; el senador del PJ, Armando Traferri, el diputado de la UCR, Santiago Mascheroni y los abogados Elías Salum -ex presidente del Colegio de Abogados de Reconquista- y Mario Alberto Crespo -de Rafaela-.
El procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, acusó al ex juez Martín por “ignorancia manifiesta del derecho”, “incumplimiento de las obligaciones” y “comisión de delitos”.
Finalmente el Tribunal de enjuiciamiento aplicó para el comportamiento del magistrado las figuras previstas en los artículos 7, incisos 1ero. -segunda parte- y 2do. de la ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949, referidas a las causales de remoción de los jueces.
En ambos incisos se sanciona: 1) “Ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada; 2) “Incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”.
Por su parte, el Tribunal rechazó los planteos de nulidad de la defensa y ordenó remitir copia de la decisión al Juzgado de Instrucción 12° de Rosario, a cargo de la Dra. Mónica Lamperti.
La magistrada que investiga la estafa perpetrada supuestamente por abogados y jueces con los depósitos judiciales del Banco Municipal de Rosario procesó este año a un martillero, dos letrados y al secretario del juzgado de Martín. En esa oportunidad pidió formalmente el desafuero del suspendido juez que estaba al frente del Juzgado Civil y Comercial Nº 17 Alejandro Martín, acusado de tramitar los procesos ejecutivos falsos y avalar con su firma los oficios que luego cobraron los coimputados de las cuentas inmovilizadas por un valor superior a un millón de pesos.






