Un implante dental se convirtió en el centro de una investigación judicial luego de que el paciente muriera tras la intervención. La clínica ubicada en Belgrano fue clausurada y dos médicos fueron detenidos por presunta mala praxis.
Investigación judicial
Un hombre falleció tras realizarse un implante dental en Belgrano
Circunstancias del fallecimiento
Miguel Ángel Berlini, de 64 años, ingresó a la clínica porteña para reemplazar sus dientes mediante un implante. Ttras la intervención, sus signos vitales se encontraban por debajo de lo normal.
A pesar de los esfuerzos, su estado se agravó y finalmente falleció.
Ante esa muerte, se activó una investigación penal. Dos médicos que participaron en el procedimiento fueron detenidos, según reporta la fuente original.
Las autoridades judiciales dispusieron además la clausura del centro, bajo la sospecha de que operaba con irregularidades.
Investigación y sanciones
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 5 de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el caso. Según informa la Policía porteña y fuentes judiciales, se detectaron serias falencias en el establecimiento médico: higiene deficiente, falta de profesionalismo de parte de algunos integrantes del equipo y posibles violaciones legales vinculadas con la práctica médica.
En inspecciones anteriores, también se habían alertado contratiempos. En una auditoría se encontraron medicamentos vencidos, manejo incorrecto de residuos y personas trabajando sin la habilitación o matrículas correspondientes.
El Ministerio Público Fiscal confirmó que la clínica, luego del operativo, solo está autorizada para mantener a los pacientes internados, pero no puede recibir nuevos internados ni atender consultas externas.
Profesionales imputados
Según fuentes oficiales, los imputados en la causa son tres: una médica que se identificaba como cardióloga sin contar con dicho título habilitante, una persona que ejercía como enfermera sin acreditar su formación y el responsable administrativo del centro.
Además, durante la inspección, se constató que no existía un plan adecuado de seguridad ni evacuación, y que la manipulación de residuos patogénicos era incorrecta.
La causa judicial se inició a partir de un “patrullaje virtual”: la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad detectó denuncias en redes sociales que ponían en cuestionamiento la atención en la clínica.
Tras ello, la fiscalía ordenó un allanamiento conjunto con varios organismos, como el Ministerio de Salud nacional y la Dirección General de Fiscalización y Control porteña.
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